Associated Press
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La policía local del Huatulco, un popular destino turístico del Pacífico sur mexicano, se quedó con las armas confiscadas y está bajo investigación por desaparición y homicidio de cinco jóvenes a los que se perdió la pista a finales de febrero y cuyos cuerpos fueron localizados poco después en el centro de México, informó el viernes la fiscalía del sureño estado de Oaxaca.
El caso es considerado un ejemplo más de las presuntas responsabilidades por acción u omisión de autoridades en casos de desaparición de personas, un fenómeno que esta semana ha vuelto a sacudir México tras el hallazgo al noroeste del país de un rancho con multitud de restos óseos y cientos de objetos personales tirados.
Las víctimas a las que se perdió la pista en Oaxaca eran originarias de Tlaxcala, un estado al este de la capital mexicana; viajaron a la costa por motivos que, según las autoridades, todavía no están claros, y desaparecieron a finales de febrero. Sus cuerpos fueron identificados entre los varios cadáveres hallados en el estado de Puebla a inicios de marzo.
Como parte de las investigaciones, fuerzas estatales, del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional inspeccionaron la comandancia de la policía local del turístico destino donde fueron asegurados documentos, se realizaron entrevistas y se desarmó a “todos los policías municipales de Santa Cruz Huatulco, mientras que las armas (cortas y largas) y elementos balísticos quedaron bajo resguardo”, indicó la fiscalía en un comunicado.
Jesús Romero, secretario de Gobierno de Oaxaca, dijo esta semana que había un detenido vinculado al caso del que no ofreció más detalles y del que la fiscalía no ha informado hasta el momento.
En entrevista el martes con el Grupo Fórmula, Romero no descartó que los jóvenes estuvieran vacacionando en Huatulco, pero indicó que tampoco están descartadas “actividades de índole delictivo” por algunas conversaciones que se encontraron en sus teléfonos
El caso coincide con la conmoción provocada por el hallazgo del rancho en Teuchitlán, Jalisco, que fue utilizado por el crimen organizado como centro de reclutamiento y aparentemente de ejecuciones, y que también ha puesto en entredicho la labor de las autoridades.
Hace seis meses la Guardia Nacional y la fiscalía de Jalisco intervinieron ese lugar, apresaron a diez personas e incluso iniciaron algunas labores de búsqueda que poco después suspendieron sin que hasta la fecha se haya ofrecido una explicación.
La noticia de lo que había allí la lanzaron miembros de un colectivo de familiares de desaparecidos que llegaron la semana pasada al rancho gracias a una denuncia anónima y encontraron el horror que ahora se conoce.
También coincide con el anuncio el viernes por parte de la fiscalía de Veracruz, en el Golfo de México, de que dos policías municipales de la localidad de Poza Rica fueron detenidos por homicidio de Magdaleno Pérez Santes, integrante del Colectivo de Búsqueda “María Herrera”, quien buscaba a su hija desaparecida desde 2019.
México tiene más de 120.000 desaparecidos, según cifras oficiales, y el involucramiento de autoridades bien por acción o por omisión ha sido una constante en muchos de los casos, según las denuncias reiteradas de los colectivos de familiares que los buscan.