Por FABIOLA SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un juez mexicano condenó a 40 años y nueve meses de prisión a cuatro soldados por el asesinato de cinco jóvenes ocurrido en febrero del 2023 en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, anunciaron el miércoles los abogados de las víctimas.
Desde la calle donde los jóvenes fueron tiroteados hace dos años, los abogados Edgar Acuña y José Puente, informaron a la prensa que un juez federal del estado norteño de Tamaulipas acordó la semana pasada una condena de 40 años y nueve meses de cárcel para cuatro cabos del 16º Regimiento de Caballería Motorizada por ser responsables de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.
Los cuatro soldados fueron señalados de disparar sin justificación contra los ocupantes de una camioneta pickup, matando a cinco hombres e hiriendo a otro, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que reconoció que los uniformados dispararon 117 veces contra el vehículo, mientras que otros tres soldados dijeron que abrieron fuego para apoyar al primero de sus compañeros que comenzó a disparar.
La sentencia fue contra los cabos Juan Carlos Gámez Mendoza, Agustín Sánchez Reyes, Bernardo Reyes Sánchez y Jorge Nicolás López, quienes permanecen encarcelados en una instalación militar de la capital mexicana bajo custodia de la Guardia Nacional. La decisión aún puede ser apelada por los militares ante otros tribunales.
La AP solicitó a la oficina de prensa de la Secretaría de la Defensa Nacional una reacción sobre la sentencia, pero indicaron que de momento no tenían información.
“Esta sentencia sirve para enviar un mensaje a las fuerzas armadas del país: que si un mando superior les ordena cometer un delito o una violación a los derechos humanos, no tienen la obligación de obedecer”, afirmó el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, al celebrar la decisión del juez federal.
Ramos alabó la lucha que emprendieron los familiares de los cinco jóvenes asesinados y otros dos sobrevivientes para lograr justicia en el caso. Y aprovechó para denunciar que en la “masacre” participaron más militares, pero “la manipulación de evidencias, la protección de la cadena de mando” por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, evitó que fueron procesados por el caso.
Como parte de la sentencia, el juez ordenó al comandante del 16º Regimiento de Caballería Motorizada con sede en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, ofrecer una disculpa pública a los familiares de las víctimas, que deberá ejecutar luego de que se ratifique la sentencia.
“A fin de cuentas, Dios nos escuchó”, dijo emocionado Humberto Arturo Suárez, padre del joven asesinado Gustavo Suárez Castillo. Y agregó que es “la primera vez aquí en Nuevo Laredo que yo escucho también que se hace justicia, que se enjuician a unos militares… Verdad, a unos, se puede decir, unos sicarios porque esos no son militares”.
Suárez Castillo fue asesinado la madrugada del 26 de febrero del 2023 junto a cuatro de sus amigos tras regresar de una celebración en un local nocturno donde festejó que iba a ser padre.
La Secretaría de la Defensa Nacional dijo que los soldados escucharon disparos y se acercaron a una camioneta que circulaba sin placas y con las luces apagadas en las horas previas al amanecer.
Los ocupantes de la camioneta, “al observar la presencia de las tropas, aceleraron velocidad de manera intempestiva y evasiva”, aseguró el Ejército en un comunicado.
Los soldados dijeron que la camioneta se estrelló contra un vehículo estacionado y que, cuando escucharon el choque, abrieron fuego.
Pero, según los informes oficiales, no hubo indicios de que se hayan encontrado armas en el vehículo después de los disparos y la CNDH dijo que no había evidencia de disparos contra la patrulla del Ejército.
Soldados e infantes de Marina han sido atacados frecuentemente por sicarios de cárteles fuertemente armados que operan en Nuevo Laredo.
La ciudad fronteriza también ha sido anteriormente escenario de violaciones de derechos humanos por parte de los militares.
En 2021, la Armada de México entregó a 30 infantes de Marina a los fiscales civiles para que enfrentaran la justicia en los casos de personas desaparecidas durante operaciones contra la delincuencia en Nuevo Laredo en 2014. Los infantes de Marina fueron acusados de acorralar a supuestos sospechosos. De algunos de ellos no se supo más.