Por STEVEN GRATTAN
BOGOTÁ, Colombia (AP) — Una reciente enmienda a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre de Perú está generando una fuerte reacción de grupos ambientalistas e indígenas que advierten que podría acelerar la deforestación en la selva amazónica bajo el pretexto del desarrollo económico.
La enmienda elimina el requisito de que los propietarios de tierras o empresas obtengan autorización estatal antes de convertir tierras forestales a otros usos. Los críticos dicen que el cambio podría legitimar años de deforestación ilegal.
“Para nosotros es gravisimo”, señaló Alvaro Masquez Salvador, programa de Pueblos Indígenas en el Instituto de Defensa Legal de Perú.
Masquez añadió que la reforma establece un precedente preocupante al privatizar efectivamente tierras que la constitución de Perú define como patrimonio nacional.
Los partidarios de la enmienda, promulgada en marzo, dicen que estabilizará el sector agrícola de Perú y proporcionará una mayor certeza legal a los agricultores.
The Associated Press buscó comentarios de varios representantes del sector agroindustrial de Perú, así como de la congresista María Zeta Chunga, una abierta defensora de la ley. Solo una persona del sector agroindustrial respondió, diciendo que no quería comentar.
Una reversión legal y enmiendas inconstitucionales
Perú posee la segunda mayor porción de la selva amazónica después de Brasil, con más de 70 millones de hectáreas, aproximadamente el 60% del territorio de Perú, según la organización sin fines de lucro Rainforest Trust. Es una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta y hogar de más de 50 pueblos indígenas, algunos de los cuales viven en aislamiento voluntario. Estas comunidades son guardianes vitales de los ecosistemas, y los bosques que protegen ayudan a estabilizar el clima global al absorber grandes cantidades de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero que es el principal impulsor del cambio climático.
Aprobada en 2011, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre original exigía la aprobación estatal y estudios ambientales antes de realizar cualquier cambio en el uso de tierras forestales. Pero las reformas recientes han debilitado constantemente esas protecciones. La enmienda más reciente permite que los propietarios de tierras y empresas eludan esa aprobación, incluso legalizando retroactivamente la deforestación pasada.
El Tribunal Constitucional de Perú ratificó la enmienda después de que un grupo de abogados presentara una impugnación constitucional. Aunque el tribunal anuló algunas de sus partes, dejó intacta la disposición final de la ley, que valida anteriores cambios ilegales en el uso de la tierra. Los expertos legales afirman que esta es la parte más peligrosa.
En su fallo, el tribunal reconoció que las comunidades indígenas debieron haber sido consultadas sobre las reformas a la ley y afirmó el papel del Ministerio del Ambiente en la zonificación forestal.
Apoyo de poderosas alianzas de la agroindustria
El impulso detrás de la reforma refleja dinámicas vistas en Brasil durante el régimen del expresidente Jair Bolsonaro, donde se alinearon fuerzas políticas y económicas para debilitar las protecciones ambientales en favor de la agroindustria. Mientras que el esfuerzo de Brasil fue liderado por un lobby agroindustrial altamente organizado, la versión de Perú involucra una coalición menos integrada pero igualmente poderosa.
En Perú, el apoyo proviene de intereses agroindustriales, acaparadores de tierras y figuras vinculadas a la minería ilegal y el narcotráfico. Pequeños y medianos agricultores con preocupaciones sobre asegurar sus tierras también se han visto arrastrados al esfuerzo.
Para Vladimir Pinto, coordinador de campo de Perú para Amazon Watch, un grupo de defensa ambiental, “ha sido una suma de muchos intereses diversos, algunos legítimos, otros no, que se mezclaron para promover la ley”.
¿La enmienda pretende cumplir con las regulaciones de la UE?
Julia Urrunaga, directora en Perú de la organización sin fines de lucro Agencia de Investigación Ambiental, advirtió que el gobierno peruano argumenta falsamente que las enmiendas son necesarias para cumplir con las regulaciones de la Unión Europea, que pronto exigirán que las empresas que importan productos como soya, carne de res y aceite de palma demuestren que sus productos no provienen de tierras deforestadas ilegalmente.
Si los productos vinculados a la deforestación ilegal se legalizan posteriormente y se permiten en el mercado, eso debilitará la efectividad de las regulaciones del lado de la demanda, como las del bloque europeo, afirmó.
Olivier Coupleux, jefe de la Sección Económica y Comercial de la UE en Perú, ha negado que los cambios recientes a la ley estén vinculados a la regulación de deforestación cero de la UE.
En entrevistas con medios peruanos, Coupleux ha dicho que la regulación tiene como objetivo prevenir la compra de productos vinculados a la deforestación y no exige reformas legales, sino trazabilidad y sostenibilidad en productos como café, cacao y madera.
Las comunidades indígenas de Perú dicen que sus comunidades están amenazadas
Sin más recursos en los tribunales nacionales, los grupos de la sociedad civil se preparan para llevar el caso ante los tribunales internacionales y advierten que el fallo establece un precedente peligroso para otros países que buscan eludir la ley ambiental bajo la bandera de la reforma.
Para muchos líderes indígenas, la ley representa una amenaza directa a sus territorios, comunidades y formas de vida.
Julio Cusurichi, miembro de la junta de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana, dijo que la medida alentará el acaparamiento de tierras y empeorará la supervisión ambiental en áreas ya vulnerables.
“Históricamente, hemos hecho un gran aporte no solamente a los pueblos indígenas, sino al planeta”, afirmó Cusurichi.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.