Associated Press
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La Corte Interamericana de Derechos Humanos inició el lunes su 176 período de sesiones en Guatemala, donde volvió a sesionar después de ocho años, para revisar el cumplimiento de cinco condenas contra el Estado guatemalteco en momentos en que el presidente Bernardo Arévalo intenta empujar una agenda más progresista de lucha contra la corrupción y defensa de los derechos humanos.
Durante la semana, la Corte supervisará las medidas de reparación adoptadas por Guatemala en el marco de cinco sentencias contra el Estado por casos de violaciones a los derechos humanos y realizará tres audiencias sobre casos contra Ecuador, Honduras y Perú.
En la inauguración de las sesiones en el Palacio Nacional estuvieron ausentes las autoridades de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, quiénes han sido objeto de señalamientos de denegación de justicia que algunas veces resultan en procesos contra el Estado guatemalteco.
Ludwin Villalta, vocero de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, dijo que ninguno de los 13 magistrados titulares y los 13 suplentes pudo asistir debido a actividades agendadas.
Arévalo señaló en tanto que la visita de ese tribunal es una oportunidad para construir un sistema interamericano que sirva a las personas y defienda a las instituciones democráticas.
“Nos recuerda que la dignidad humana no es una aspiración, es un derecho irrenunciable y la base donde se construyen las sociedades justas y estados legítimos”, dijo el mandatario, quien a los meses de llegar al poder, afirmó que se topó con un Estado “semidestruido”.
El presidente también llamó a reconocer “que es necesario dejar atrás las distintas formas de violencia que han marcado, hasta hoy, nuestros mecanismos de interacción social; solo así podremos alcanzar el objetivo central de bienestar individual y colectivo en nuestros territorios y por eso reconocemos, con respeto, la jurisprudencia de esta alta Corte”.
“Volver hoy constituye una oportunidad invaluable para reflexionar y dialogar sobre los retos de la democracia y los derechos humanos en nuestra región”, dijo por su lado Nancy Hernández, presidenta de la Corte Interamericana.
En lo que se refiere a Guatemala, la Corte —que tiene sede en Costa Rica—supervisará el cumplimiento de las condenas por, entre otros, el caso en el que tres hombres fueron condenados a la pena de muerte por asesinato; la pena no se aplicó y uno de ellos murió en prisión presuntamente por falta de atención médica.
También abordará el caso de María Inés Chinchilla Sandoval, que fue condenada a prisión y murió por falta de atención médica.
La Corte declaró responsable al Estado guatemalteco de incumplimiento de la obligación de garantizar los derechos a la integridad y a la vida, entre otros.
La Corte ha tratado más de 35 casos contra el Estado guatemalteco por delitos como ejecuciones extrajudiciales, torturas, masacres, desapariciones forzadas, aplicación de la pena de muerte y violación de los derechos humanos a mujeres y del derecho a la libertad de expresión, entre otros.
Arévalo también llamó a todos los Estados miembros a consolidar el sistema interamericano, que “no debe ser visto como injerencia, sino como respaldo indispensable, necesario, para nuestras democracias”. “Reafirmamos en esta tierra de volcanes y memoria, seguimos apostando por la justicia y la vida digna”, agregó.
Guatemala ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos en 1978 y reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte en 1987.
Las actividades de esta semana se realizarán en el Palacio Nacional de la Cultura y en el auditorio de la Universidad Rafael Landívar.
La audiencia contra el Estado de Ecuador tratará la denuncia de la comunidad indígena de Salango de despojo territorial, desplazamiento, privatización de espacios ancestrales y criminalización de defensores comunitarios.
Además se abordará el caso Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos versus Honduras, donde ese pueblo indígena reclama por violaciones al derecho a la propiedad colectiva de los residentes del lugar.
La audiencia contra Perú se refiere en tanto a la muerte de Celia Edith Ramos Durand en 1997, luego de ser intervenida quirúrgicamente para una esterilización en el área de salud estatal.
En estos días también se encuentra en el país la Relatora de la ONU sobre Independencia Judicial, Margaret Satterthwaite, para revisar la situación de la independencia de la justicia y de los derechos humanos. Emitirá un informe preliminar el viernes.