Por JIM VERTUNO
AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Legisladores de Texas aprobaron el lunes una iniciativa impulsada por el exalcalde de Uvalde para corregir las fallas policiales que quedaron expuestas durante la vacilante respuesta de las autoridades policiales al tiroteo en la Escuela Primaria Robb en 2022, y enviaron el proyecto de ley al escritorio del gobernador unos días antes del tercer aniversario de la masacre.
Diecinueve estudiantes y dos docentes fueron asesinados y otras 18 personas resultaron heridas en uno de los peores tiroteos escolares en la historia de Estados Unidos. El sábado es el aniversario del ataque.
La medida, que recibió la aprobación final del Senado del estado y fue enviada al gobernador Greg Abbott, lleva el nombre de “Ley Uvalde Fuerte” y tiene como objetivo corregir los problemas con la lenta y caótica respuesta policial durante el tiroteo a través de un entrenamiento y coordinación entre agencias, así como requisitos básicos de equipamiento.
Casi 400 agentes locales, estatales y federales esperaron más de una hora antes de abrirse paso a la fuerza hasta el aula en donde se encontraba el atacante para abatirlo. Dentro del aula, estudiantes aterrados marcaban al número de emergencias 911 mientras los padres de familia le suplicaban por el ingreso de los agentes —algunos de los cuales podían escuchar los disparos mientras estaban en un pasillo.
El autor del proyecto de ley, el representante estatal republicano de primer año Don McLaughlin, era el alcalde de Uvalde en ese momento y criticó la respuesta de las autoridades policiales ese día.
“La Ley Uvalde Fuerte tiene como objetivo solucionar las fallas en la comunicación y coordinación que se expusieron en el tiroteo de la Primaria Robb”, destacó McLaughlin. “Se trata de mantener nuestras escuelas más seguras… le debemos a las familias tomar acciones que realmente importen”.
La iniciativa requiere que los distritos escolares y las fuerzas policiales sostengan reuniones anuales para desarrollar planes de respuesta a situaciones de tiradores activos, y obliga a los agentes a recibir capacitación sobre cómo responder a una situación de tirador activo en escuelas primarias y secundarias.
La medida también exige mejorar la capitación en comando de incidentes, así como acuerdos de ayuda mutua entre agencias.
La medida establece que los distritos escolares estarían obligados a tener a su disposición al menos una herramienta para abrirse paso a través de puertas y un escudo balístico en cada campus. Además, indica que los proveedores de servicios médicos de emergencia presenten informes en caso de ser requeridos en una escena de tirador activo.
Múltiples investigaciones sobre la respuesta de las fuerzas policiales revelaron problemas en cascada en lo referente al adiestramiento, comunicación, liderazgo y tecnología, y cuestionaron si los agentes priorizaron sus propias vidas sobre las de los niños y maestros.
El ex jefe de policía del distrito escolar de Uvalde, Pete Arredondo, y el expolicía escolar Adrian Gonzales han sido acusados formalmente de varios cargos de poner en peligro y abandono de menores. Ambos se han declarado inocentes y sus juicios están programados para octubre.
Los familiares de las víctimas tienen varias demandas pendientes en tribunales federales y estatales, incluida una demanda de 500 millones de dólares contra funcionarios y agentes de la policía estatal de Texas.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.