Por MARCOS ALEMÁN
SAN SALVADOR (AP) — El Congreso salvadoreño aprobó el martes la Ley de Agentes Extranjeros que aplicará un impuesto del 30% a las donaciones que reciban las organizaciones civiles, una normativa impulsada por el presidente Nayib Bukele y que sus críticos afirman que es una “herramienta de control, de censura, característica de gobiernos autoritarios”.
La medida fue aprobada con dispensa de trámites, con los votos de 57 de los 60 diputados, todos del oficialista Nuevas Ideas y sus aliados.
La Ley de Agentes Extranjeros aplicará a “toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera” que realice dentro del país “actividades que respondan a intereses, sean controladas o financiadas, directa o indirectamente por un mandante extranjero”.
Las personas o entidades que reciban fondos extranjeros tendrán 90 días para inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), una dependencia del Ministerio de Gobernación, para poder recibir donativos o realizar actividades en territorio salvadoreño.
La ley establece en uno de sus artículos que los sujetos obligados a su cumplimiento podrán solicitar que se les excluya de la aplicación , “previa calificación del RAEX”, el cual tomará en cuenta: “La naturaleza del proyecto, el ente que genera los recursos, la entidad destinataria de estos, la obra, bien o servicio que se ejecutará o adquirirá con los recursos que se perciban y el estricto cumplimiento a los mismos para su renovación automática”.
Durante el debate, la vicepresidenta del Congreso, Suecy Callejas, aseguró que la ley “promueve la transparencia sobre quién financia y dirige a las organizaciones que operan en el Salvador con fondos extranjeros”
Pero la diputada Claudia Ortiz, del partido conservador VAMOS, afirmó que “es una normativa incompatible con la democracia, con el estado de derecho y con el respeto a los derechos fundamentales de la libertad de expresión y de asociación”.
Ortiz sostuvo que “esta no es una herramienta de cualquier país democrático, no traten de engañar a la gente, esta es una herramienta de control, de censura y muy característica de gobiernos autoritarios”.
Señaló que, con esta medida, el gobierno prácticamente tendrá en sus manos la decisión de a qué organización aplicar el impuesto, y “no sorprenderá que este sea aplicado a los que denuncian su corrupción, a los que descubren sus abusos de poder”.
“Esto es parte de la escalada represiva del gobierno autoritario salvadoreño, en el sentido de afectar una serie de derechos constitucionales de la población, como en este caso el derecho de organización, el derecho de libertad de expresión, entre otros derechos”, dijo a The Associated Press Eduardo Escobar, director Ejecutivo de la ONG Acción Ciudadana.
Bukele impulsó una propuesta similar en 2021 que fracasó ante el peso de las críticas internacionales.
Amnistía Internacional y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos han acusado el gobierno de El Salvador de profundizar el patrón autoritario en respuesta a los distintos conflictos sociales que han surgido recientemente en el país.
“ Con esta ley, el gobierno no sólo busca silenciar a las organizaciones de la sociedad civil que denuncian abusos, sino que también golpea directamente a las personas que reciben su asistencia y acompañamiento. Acceder a recursos financieros de diversas fuentes, incluidas fuentes internacionales, sin restricciones indebidas es un componente del derecho a la libertad de asociación, el cual es un derecho humano reconocido internacionalmente”, advirtió en un comunicado de prensa, Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para el continente americano.