Por ASTRID SUÁREZ
BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano estableció una zona especial para ubicar a un grupo armado ilegal con el que adelanta conversaciones de paz con el objetivo de avanzar en los acuerdos que desemboquen en el tránsito a la vida civil, según un decreto divulgado el viernes por la Presidencia.
La llamada Zona de Ubicación Temporal tendrá una vigencia de siete meses para que se asienten miembros de facciones de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al histórico acuerdo de paz firmado entre la guerrilla y el Estado en 2016.
El gobierno de Petro, primer izquierdista en asumir el poder en Colombia, negocia con las facciones disidentes desde octubre de 2023, cuando fue instalada formalmente la mesa, en el marco de su política de “Paz Total”. Sin embargo, gran parte de los disidentes en la mesa desistieron de la negociación en 2024. Aún así, el gobierno continuó dialogando con una minoría que se autodenominó “Estado Mayor de los Bloques”.
Será el Frente 33, parte del Estado Mayor de los Bloques, el que se asentará en la zona especial en Tibú, un convulso municipio que hace parte de la región de Catatumbo, fronterizo con Venezuela, y donde desde enero se enfrentan con un bando enemigo de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Las confrontaciones en el Catatumbo han dejado un saldo de más de 96 muertos y 56.000 personas desplazadas, según la Gobernación de Norte de Santander donde se ubica Catatumbo, desde el 16 de enero.
El decreto indica que, en los primeros 45 días, los disidentes se trasladarán a la zona especial, cuya ubicación exacta tiene carácter reservado.
Para Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia del International Crisis Group, la teoría de implementar zonas especiales de ubicación para que los armados avancen en implementar acuerdos que beneficien a la población es loable, pero tiene desafíos importantes.
“Cómo van a proteger este proceso de las acciones del ELN, que se ha consolidado bastante en la zona y que está intentando presionar a la sociedad civil. Si las zonas de ubicación serán conocidas en Tibú, la protección para el Frente 33 y la población de la zona será bastante compleja”, indicó Dickenson a The Associated Press.
A esto se suman los constantes enfrentamientos entre ambos grupos armados y las operaciones militares del Ejército que intenta recuperar el control del territorio tras la ola de violencia que se desató desde enero.
El decreto indica de manera general que el gobierno adoptará las “medidas necesarias y eficaces para brindar la seguridad necesaria” a la población y a los disidentes. También detalla que dentro de la zona de ubicación quedarán suspendidas las órdenes de captura —incluidas las de extradición— contra los disidentes.
Los disidentes llegarían a la zona sin entregar su armamento, dado que dentro del decreto sólo se indica que fijarán mediante un acuerdo “las condiciones, responsabilidades y modalidades para la disposición del material de guerra”.
En la zona especial, según el decreto, los disidentes se comprometerían a ejecutar un plan para garantizar la desvinculación de menores de edad en sus filas, aportarán para elaborar un plan para la búsqueda de personas desaparecidas y de desminado humanitario.
Según Dickinson, es un “gran logro” en el marco de los diálogos con el Frente 33 que reconozcan que en sus filas hay menores de edad, acepten devolverlos y no reclutar más forzosamente.
Los disidentes también se comprometerían a implementar un plan de “transformaciones territoriales para la paz” que facilite la sustitución de las economías de uso ilícito como los cultivos de hoja de coca, en una zona estratégica para los grupos armados por su cercanía con Venezuela.