Por GONZALO SOLANO y GABRIELA MOLINA
QUITO (AP) — En medio de una ola de violencia que ha repuntado desde inicios de este año, el gobierno ecuatoriano requirió el viernes a una unidad estatal de análisis financiero que investigue el patrimonio de jueces y fiscales que, a su criterio, han facilitado la libertad de delincuentes.
El ministro del Interior, Jhon Reimberg dijo a la prensa que con esta decisión el gobierno busca luchar contra la impunidad “con la que muchos jueces y fiscales han actuado durante muchos años”.
Para Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha —una provincia al norte de Ecuador—, el pedido del gobierno podría implicar una interferencia del Ejecutivo en otro poder del Estado, ya que la investigación de jueces y fiscales está a cargo del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, aclaró Ocaña a The Associated Press, este organismo “no ha cumplido con su deber de fiscalización”.
El Consejo de la Judicatura ha estado bajo fuertes críticas en los últimos años y uno de sus altos funcionarios fue sentenciado por corrupción.
En contraste, el experto penalista Ramiro Aguilar sostuvo que la medida no entraña una interferencia de funciones ya que la intervención de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) está contemplada en el sistema nacional de inteligencia. “Un juez o fiscal corruptos vinculados a las mafias van contra la seguridad del Estado, no hay ninguna intromisión”, señaló a la AP.
No obstante, consideró que el anuncio gubernamental es “político” y que busca “llenar el vacío que deja la inacción del gobierno en términos de seguridad”.
La violencia en Ecuador se disparó hace cuatro años en simultáneo con la expansión de bandas locales vinculadas con cárteles mexicanos. Ecuador está acorralado geográficamente por los dos mayores productores de cocaína del mundo según la ONU: Colombia y Perú.
El presidente Daniel Noboa declaró el “conflicto armado interno” en el país, lo que permitió movilizar a los militares en tareas de seguridad propias de la policía, como el patrullaje de las calles o la supervisión de las cárceles. Pero hasta ahora ese mecanismo no ha dado resultados contundentes.
El director de la UAFE, Julio Neira, manifestó que “los operadores judiciales miran para otro lado” mientras hay abogados que “ayudan a sus clientes a simular actividades económicas, empresas fachadas, testaferros disfrazados de empresarios”.
“No vamos a permitir que se siga utilizando el sistema financiero y a las instituciones del Estado para encubrir la violencia y el terror que viven los ecuatorianos”, añadió.
La AP pidió un pronunciamiento a la Asociación de Jueces y también a la Fiscalía, pero no obtuvo respuesta de inmediato.
El anuncio del gobierno se produce días después del secuestro y asesinato de cuatro comerciantes, dos de cuyos captores fueron detenidos el mismo día del secuestro y liberados con medidas sustitutivas de prisión. La Fiscalía y la Corte Nacional de Justicia se señalaron mutuamente como responsables.
El año pasado varios jueces y fiscales fueron procesados en sonados casos de corrupción —entre ellos el llamado “Metástasis”— que evidenciaron la infiltración del crimen organizado y el narcotráfico en el Poder Judicial y por los cuales fueron sentenciados a más de 13 años de prisión la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, y el juez de la misma corte Johan Marfetán, además de otros magistrados y funcionarios judiciales.