Por NAYARA BATSCHKE
SANTIAGO (AP) — Un tribunal de Santiago condenó el viernes a tres años y un día de libertad vigilada intensiva al exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI) Sergio Muñoz, tras hallarlo culpable de “delitos reiterados” de revelación de información confidencial en el marco de una investigación que ha puesto al sistema judicial de Chile contra las cuerdas.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que inicialmente había estipulado la pena de tres años y un día de cárcel, informó que la pasó a beneficio de libertad vigilada intensiva durante el mismo periodo. En un procedimiento abreviado esta mañana también determinó el pago de una multa de casi 1.000 dólares.
Muñoz, de 57 años, estuvo al frente de la PDI entre junio de 2021 y marzo de 2024, cuando renunció tras ser implicado en las investigaciones del llamado caso Audio, uno de los mayores escándalos políticos de los últimos años que ha sacudido el poder judicial y la clase política de Chile.
Según explicó el fiscal Felipe Sepúlveda a los periodistas tras el término de la audiencia, el tribunal acogió “todos los planteamientos que hizo la fiscalía”, por lo que el exjefe de la policía civil chilena no podrá ejercer cargos públicos durante el tiempo de su pena.
Se trata de la primera condena en el país sudamericano sobre una de las varias aristas del caso Audio, un sonado escándalo de corrupción y fraude que golpeó a diferentes instituciones, entre ellas la Corte Suprema, y reveló además pagos de sobornos a funcionarios de varios organismos y tráfico de influencia en los principales tribunales del país.
El caso explotó en noviembre de 2024 a raíz de una publicación del medio investigativo Ciper Chile, que filtró diversas conversaciones entre el influyente abogado Luis Hermosilla e importantes figuras del mundo político, judicial y empresarial, que a su vez se han visto salpicadas en una espiral de acusaciones de fraude, corruptelas, intercambio de favores y tráfico de influencias para el nombramientos de jueces y cargos políticos.
En el marco de las investigaciones, la fiscalía acusó al exdirector de la PDI de violación de secreto tras constatar que envió información confidencial sobre diligencias y casos que estaban bajo su supervisión a Hermosilla , en prisión preventiva desde agosto de 2024.
Durante la audiencia de procedimiento abreviado – que permite una resolución más rápida de un caso penal y se basa en un acuerdo entre el Ministerio Público, el imputado y su defensa – Muñoz admitió los cargos que pesaban en su contra, aunque negó haber actuado en beneficio propio.
“Cometí un error que he asumido íntegramente, no he querido comprometer jamás a la Policía de Investigaciones”, dijo la otrora máxima autoridad policial a los periodistas a su salida del tribunal.
Las implicaciones del caso Audio llegaron al Senado, que destituyó e inhabilitó por cinco años a dos magistrados de la Corte Suprema por irregularidades durante el ejercicio de sus funciones, mientras que la fiscalía tiene abierta al menos otras decena de causas paralelas derivadas de la investigación iniciada contra Hermosilla.
El penalista, de 68 años, es un influyente abogado con conexiones y pasos por distintos gobiernos. Asesoró al Ministerio del Interior durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera (2018-2022) y, hasta que se desatara el escándalo Audio, representaba a Miguel Crispi, entonces jefe de asesores de Boric, en un caso por presuntas irregularidades en la concesión de fondos públicos a fundaciones privadas.