Associated Press
BOGOTÁ (AP) — El juicio al influyente expresidente colombiano Álvaro Uribe se suspendió el jueves, luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara a la jueza a cargo del caso que tramitara una recusación solicitada por la defensa del exmandatario.
Según la orden de la Corte, la jueza tiene 48 horas para cumplirlo y remitirlo a otra jueza que lo analizará. Mientras tanto, continuará la suspensión.
Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, se convirtió en el primer expresidente colombiano en ser llevado a juicio tras ser acusado en un caso sobre sobornos a testigos para que cambiaran su versión o negaran supuestos vínculos con grupos paramilitares. El expresidente se declaró inocente y aseguró que el proceso penal en su contra tiene motivaciones políticas.
El 10 de febrero, en la segunda audiencia del juicio, su defensa pidió que la jueza fuera apartada del cargo debido a que “ha manifestado su opinión sobre el asunto procesal” y tiene un “excesivo interés en la celeridad del proceso, en desmedro de las garantías” de Uribe.
Sin embargo, ella negó ese argumento, aseguró que no ha dado opiniones fuera del juicio y que la celeridad obedece a la relevancia de impartir justicia eficazmente.
Desde entonces, la defensa de Uribe interpuso una tutela —acción de amparo— por la presunta vulneración de sus derechos. El Tribunal Superior de Bogotá le dio la razón a la jueza e indicó que no era cierto que estuviera parcializada. Sin embargo, el fallo fue impugnado por la defensa de Uribe hasta llegar a la Corte.
El inicio del proceso tuvo lugar hace más de una década, cuando Uribe denunció que el senador opositor Iván Cepeda estaba buscando a paramilitares para que declararan en su contra y lo relacionaran con la creación de un grupo paramilitar en la década de 1990 en una hacienda que perteneció a su familia. No obstante, en un efecto búmeran, fue cerrada la causa contra Cepeda y Uribe terminó investigado por presuntamente presionar por medio de terceros para que algunos testigos se retractaran de sus acusaciones a cambio de supuestos beneficios.
En mayo de 2024, el expresidente fue acusado formalmente por la fiscalía y luego llevado a juicio. Se expone a una pena de hasta 12 años de prisión.