Por MIKE SCHNEIDER
ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — El gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirmó el jueves que su oficina cuenta con herramientas, incluyendo la suspensión de funcionarios, para obligar a los gobiernos locales a cooperar con las autoridades federales de inmigración para efectuar detenciones y deportaciones.
Los comentarios del gobernador se produjeron apenas dos días después de que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, advirtiera a los funcionarios de la ciudad de Fort Myers que su falta de aprobación de un acuerdo de inmigración con las autoridades federales podría tener graves consecuencias.
“Si estos gobiernos locales no están siendo parte de la solución, tenemos muchas herramientas, incluida la suspensión del cargo, que podemos utilizar ahora”, advirtió DeSantis en un foro sobre inmigración en New College en Sarasota junto al zar de la frontera de la administración Trump, Tom Homan. “Hemos estado haciendo mucho en Florida, pero verán mucho más en las próximas semanas y meses”.
El concejo municipal de Fort Myers no aprobó el lunes un acuerdo que habría permitido a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas capacitar a los oficiales de la ley locales para interrogar a los inmigrantes bajo su custodia y detenerlos para una posible deportación. Varios miembros del concejo expresaron su preocupación de que esto llevaría a detenciones por estereotipo racista y perjudicaría a la comunidad.
Los defensores de los inmigrantes afirman que los acuerdos colocan a los oficiales de la ley locales en la aplicación de la inmigración.
El martes, Uthmeier envió una carta a la ciudad diciendo que Fort Myers podría estar violando la ley estatal que prohíbe las “ciudades santuario”, un nombre que a menudo se le da a los municipios que limitan la cooperación con la aplicación de la inmigración.
“Las políticas de santuario no son toleradas ni legales en Florida”, escribió Uthmeier. “Se requiere una acción correctiva inmediata”.
Un oficial de información pública de la ciudad no respondió de inmediato a una consulta por correo electrónico el jueves.
DeSantis tiene un historial de destituir a funcionarios locales con los que ha estado en desacuerdo, en lo que algunos consideran medidas motivadas políticamente. A principios de esta década, el gobernador republicano destituyó a Monique Worrell, la fiscal estatal demócrata del área de Orlando, diciendo que no había logrado procesar delitos cometidos por menores y no buscó sentencias mínimas obligatorias para delitos con armas. Worrell, quien disputó esa afirmación, fue reelegida el año pasado.
Otro fiscal estatal demócrata, Andrew Warren, cuyo distrito abarcaba el área de Tampa, también fue destituido por DeSantis debido a su firma de compromisos de que no perseguiría cargos criminales contra solicitantes o proveedores de tratamientos de aborto o de transición de género, así como por sus políticas de no presentar cargos por ciertos delitos menores. Warren perdió un intento el año pasado por regresar al cargo.
El mes pasado, DeSantis anunció que varias agencias de la ley de Florida habían llegado a un acuerdo con ICE para interrogar, arrestar y detener a inmigrantes sospechosos de estar en el país ilegalmente y entregarlos a las autoridades federales.
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Mike Schneider en Bluesky: @mikeysid.bsky.social
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.