El gobierno de Nicaragua anunció el martes que decidió quitar la nacionalidad y expropiar a 135 personas calificadas como “presos políticos” por la oposición y que fueron expulsadas a Guatemala el jueves de la semana pasada.
La decisión fue anunciada en una nota de prensa de la Corte Suprema de Justicia, que señaló que las 135 personas excarceladas fueron “condenadas por hechos delictivos” que “atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación”, además de promover “la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica”.
El comunicado indicó que además se decidió “el decomiso de todos los bienes de los condenados”, para que respondan “por los severos daños materiales e inmateriales” de sus “actividades delictivas”.
Ésta es la primera vez que el gobierno de Nicaragua se refiere en una nota pública a la excarcelación y destierro de los 135 exreos de conciencia, entre los que figuran 13 nicaragüenses miembros de la iglesia estadounidense Puerta de la Montaña (Mountain Gateway) que estuvieron nueve meses en prisión acusados de supuesto lavado de dinero y otros delitos graves.
La organización religiosa estadounidense, que fue clausurada y sus propiedades confiscadas por el Estado de Nicaragua, ha negado enfáticamente los cargos en contra de sus miembros.
La excarcelación de estas personas fue posible mediante un acuerdo entre los gobiernos de Nicaragua, Estados Unidos y Guatemala, cuyos detalles no han sido divulgados. Los 135 excarcelados, según se informó, estarán temporalmente en Guatemala para luego radicarse en Estados Unidos.
Según fuentes de la oposición, con esta excarcelación masiva el número de “presos políticos” en Nicaragua se redujo a unas 40 personas, entre ellas 10 que están en prisión desde antes de las protestas sociales de 2018.
