Associated Press
BUENOS AIRES (AP) — La expresidenta argentina Cristina Fernández pidió el lunes que uno de los jueces de la Corte Suprema de Justicia que debe pronunciarse sobre la condena a seis años de cárcel que enfrenta por corrupción sea apartado del caso.
Fernández, quien gobernó entre 2007 y 2015 y es la líder del peronismo opositor, informó de la decisión de recusar al juez supremo Ricardo Lorenzetti en un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, en el que consideró que el magistrado pretende impedir su participación en la vida política. El pedido fue presentado ante el máximo tribunal y sus tres miembros —incluido el recusado— deben pronunciarse sobre el mismo.
Fernández había solicitado en marzo a la Corte Suprema que revoque la condena a prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió en 2022 por administración fraudulenta cometida durante su mandato, en lo que supone la última instancia de apelación a la que puede recurrir. En esa causa, la también exvicepresidenta (2019-2023) ha recibido dos fallos condenatorios de primera y segunda instancia.
Fernández dijo en su posteo que “el verdadero objetivo que persigue” Lorenzetti es dejarla fuera “del proceso electoral inminente”, en referencia a las elecciones legislativas de octubre. La expresidenta adosó a su mensaje titulares de un medio de prensa que consideran al magistrado como “el preferido” del ultraderechista presidente argentino, Javier Milei, dentro del máximo tribunal.
También cuestionó las declaraciones que días atrás hizo el magistrado en una entrevista periodística señalando que la Corte “no debería demorar mucho” en pronunciarse sobre el caso, lo que interpretó como una decisión inminente para proscribirla antes de los comicios.
“En realidad, nada nuevo bajo el sol: proscribir es el verbo… y el sujeto, el peronismo”, sostuvo la dirigente peronista, de 72 años.
Los críticos de Fernández sostienen que busca competir en las legislativas para conseguir una banca de senadora o diputada y blindarse de inmunidad que impida su detención.
Fernández fue condenada por un tribunal federal que consideró que había cometido un fraude millonario al Estado mediante la asignación irregular de obras públicas en la provincia sureña de Santa Cruz a un empresario allegado.
La Corte Suprema no tiene un plazo fijo para revisar el recurso de queja que presentó la exmandataria pidiendo la absolución en esta causa en la que, según denunció, fue objeto de “violaciones” a las garantías constitucionales y “arbitrariedad” por parte de la justicia.
La Corte tiene que analizar si acepta o deniega el recurso de Fernández. Si lo admite, comienza la revisión del caso, según explicó el propio juez Lorenzetti. Si decide rechazarlo, la condena para la expresidenta quedará firme, lo que implica que puede ser detenida.
El magistrado también señaló que es importante asegurar la imparcialidad en este caso.