Por MIKE CORDER
LA HAYA, Holanda (AP) — El expresidente filipino Rodrigo Duterte está siendo trasladado a Holanda el miércoles para enfrentar un cargo de crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, relacionado con la mortal represión de las drogas que supervisó durante su mandato.
La detención de Duterte, de 79 años, el martes, bajo una orden emitida por el tribunal global, fue celebrada por grupos de derechos humanos y familias de las víctimas como un gran avance y un paso hacia el fin de la impunidad.
Los datos de seguimiento de vuelos muestran que, después de salir de Manila, el jet que transportaba a Duterte esperó horas en Dubái antes de despegar nuevamente, aparentemente con destino al Aeropuerto de Róterdam La Haya. El tribunal no comentó de inmediato sobre el vuelo, pero el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. dijo el martes que la policía arrestó a Duterte cuando regresó de un viaje a Hong Kong y lo envió a la CPI.
Cuando llegue a Holanda, será llevado a la unidad de detención del tribunal dentro de un complejo penitenciario holandés cerca de la costa del Mar del Norte.
Grupos de derechos y familias de las víctimas dieron la bienvenida al arresto.
“Este es un paso monumental y muy esperado para la justicia de miles de víctimas y sus familias”, declaró Jerrie Abella de Amnistía Internacional.
“Por lo tanto, es una señal esperanzadora para ellos, así como para Filipinas y más allá, ya que muestra que los presuntos perpetradores de los peores crímenes, incluidos los líderes gubernamentales, enfrentarán la justicia dondequiera que se encuentren en el mundo”, agregó Abella.
Emily Soriano, madre de una víctima de las represiones, indicó que quería que más funcionarios enfrentaran la justicia.
“Duterte tiene la suerte de contar con un debido proceso, pero nuestros hijos que fueron asesinados no tuvieron debido proceso”, afirmó.
Sin embargo, los partidarios de Duterte criticaron su arresto como ilegal y buscaron que lo regresaran a casa. Pequeños grupos de seguidores de Duterte y personas que apoyaron su arresto se manifestaron el miércoles frente al tribunal antes de su llegada.
La investigación de la CPI
La CPI abrió una investigación en 2021 sobre asesinatos masivos vinculados a la llamada guerra contra las drogas supervisada por Duterte cuando fue alcalde de la ciudad sureña filipina de Davao y luego presidente.
Las estimaciones del número de muertos durante el mandato presidencial de Duterte varían, desde más de 6.000 que han reportado las autoridades nacionales de policía hasta 30.000 que afirman los grupos de derechos humanos.
Los jueces de la CPI que revisaron las pruebas de la fiscalía que respaldaban su solicitud de arresto encontraron “causas razonables para creer que el señor Duterte es individualmente responsable del crimen de lesa humanidad de asesinato” como “co-perpetrador indirecto por haber supuestamente supervisado los asesinatos cuando fue alcalde de Davao y luego presidente de Filipinas”, según su orden.
¿Qué sucede a continuación?
Luego de ser llevado a la unidad de detención, Duterte será llevado a juicio para una audiencia. Los jueces confirmarán su identidad, verificarán que entiende los cargos en su contra y fijarán una fecha para una audiencia conocida como confirmación de cargos, en la que un panel de jueces de instrucción evaluará si los fiscales tienen pruebas suficientes para justificar enviarlo a un juicio completo.
Duterte podría impugnar la jurisdicción del tribunal y la admisibilidad del caso. Si bien Filipinas ya no es miembro de la CPI, los presuntos crímenes ocurrieron antes de que Manila se retirara del tribunal.
Ese proceso probablemente tomará meses y, si el caso avanza a juicio, podría llevar años. Duterte podrá solicitar la liberación provisional mientras espera, aunque depende de los jueces decidir si conceden tal solicitud.
El abogado de Duterte, Salvador Panelo, dijo a los periodistas en Manila que la Corte Suprema de Filipinas “puede obligar al gobierno a traer de vuelta a la persona arrestada y detenida sin causa probable y obligar al gobierno a presentarlo ante el tribunal y explicarles por qué (el gobierno) hizo lo que hizo”.
Marcos señaló el martes que el arresto de Duterte fue “adecuado y correcto” y no un acto de persecución política.
La hija de Duterte, la vicepresidenta Sara Duterte, criticó a la administración de Marcos por entregar a su padre a un tribunal extranjero que actualmente no tiene jurisdicción sobre Filipinas.
Filipinas ya no es un estado miembro de la CPI
Duterte retiró a Filipinas en 2019 de la CPI, en un movimiento que los activistas de derechos humanos dicen que tenía como objetivo escapar de la responsabilidad.
La administración de Duterte se movió para suspender la investigación del tribunal global a finales de 2021, argumentando que las autoridades filipinas ya estaban investigando las mismas acusaciones, sosteniendo que la CPI —un tribunal de última instancia— por lo tanto, no tenía jurisdicción.
Los jueces de apelaciones de la CPI rechazaron esos argumentos y dictaminaron en 2023 que la investigación podría reanudarse.
Los jueces de la CPI que emitieron la orden también sostuvieron que los presuntos crímenes caen dentro de la jurisdicción del tribunal. Afirmaron que el arresto de Duterte era necesario debido a lo que llamaron el “riesgo de interferencia con las investigaciones y la seguridad de testigos y víctimas”.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.