Por STEVEN GRATTAN
BOGOTÁ (AP) — Los ambiciosos planes de Colombia para el desarrollo de la energía eólica, especialmente en la región rica en recursos de La Guajira, enfrentan serios contratiempos a medida que grandes empresas se retiran y los proyectos se estancan, según expertos de la industria.
Margarita Nieves, directora de la Red de Investigación de Energía Eólica Marina de Colombia, dijo a The Associated Press que a pesar de los grandes objetivos —incluyendo 1,1 gigavatios adjudicados en una subasta de 2019— sólo dos parques eólicos están operando parcialmente hoy, con una capacidad combinada de menos de 32 megavatios.
La Unidad de Planeación Minero Energética de Colombia estima que el país podría generar hasta 18 gigavatios de energía eólica, casi el doble de la capacidad eléctrica instalada actual de 20 gigavatios.
Varias empresas trajeron equipos e infraestructura a Colombia alrededor de 2021 antes de asegurar permisos, pero los parques siguen sin construirse. Los principales obstáculos incluyen una infraestructura de conexión a la red limitada en La Guajira, cambios regulatorios recientes que reducen los rendimientos financieros y desafíos sociales y de liderazgo complejos.
Colombia, el tercer país más poblado de América Latina, se ha comprometido a alcanzar emisiones netas cero para 2050. El presidente Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda del país, se presenta como un ambientalista y defensor de una transición energética justa. Sin embargo, Colombia sigue siendo profundamente dependiente de los combustibles fósiles: el petróleo es su principal exportación y una fuente importante de ingresos para el gobierno.
En 2023, la multinacional italiana Enel se retiró del proyecto de energía eólica terrestre Windpeshi en La Guajira. A finales de 2024, EDP Renewables canceló dos grandes proyectos, Alpha y Beta, dos parques eólicos terrestres a gran escala en la misma región. En mayo, la empresa estatal colombiana de petróleo Ecopetrol adquirió nueve proyectos de energía solar y eólica de la noruega Statkraft, marcando la salida de la firma europea del país. La cartera abarca La Guajira, Sucre, Córdoba, Caldas y Magdalena, con una capacidad potencial combinada de 1,3 gigavatios. Sólo un proyecto está actualmente operativo, y se espera que otros entren en funcionamiento entre 2026 y 2027.
El movimiento es parte de la estrategia más amplia de transición energética de Ecopetrol para reducir la dependencia del petróleo y el gas y cumplir con los objetivos de emisiones netas cero para 2050. Sin embargo, desafíos como retrasos regulatorios, preocupaciones de gobernanza y posibles impactos en la estabilidad fiscal de Colombia plantean interrogantes sobre el ritmo de la transición y sus efectos económicos.
Nieves advirtió que la situación es muy preocupante, debido a que únicamente dos de más de 20 proyectos planificados han avanzado. Subrayó la necesidad de acelerar los procesos regulatorios, mejorar las consultas con las comunidades indígenas —notablemente los Wayuu en La Guajira— y asegurar una infraestructura eléctrica suficiente.
Los retrasos también amenazan las ambiciones de energía eólica marina de Colombia
“Colombia tiene más de 20 anos de atraso en el sector de energía eólica”, señaló Nieves. “Siempre pongo como ejemplo a Brasil. En los últimos 20 anos en Brasil se han construido más de 1.300 parques eólicos terrestres y es el quinto país donde más se producen turbinas eólicas terrestres del mundo”.
Los proyectos de energía eólica eran parte de la transición energética justa de Colombia, con el objetivo de reemplazar los combustibles fósiles con energías renovables mientras se apoya a grupos vulnerables como los pueblos indígenas. La región alberga a Cerrejón, una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo y un actor importante en el sector minero de América Latina, que ha estado en operación desde 1985. La mina tiene sólo nueve años de vida útil restante, y su cierre, sin planes alternativos en marcha, supondrá un golpe significativo para la economía de la región.
Resistencia a proyectos con comunidades indígenas
Para Samuel Lanao, jefe de la autoridad ambiental de La Guajira, la principal razón por la que varios proyectos de energía renovable con licencia se están vendiendo es porque las empresas luchan con tensiones sociales profundamente arraigadas, particularmente durante el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas locales. Lanao dijo que han surgido confrontaciones entre las empresas y los residentes, descarrilando las expectativas de desarrollo.
“Esto ha sido un golpe duro para el departamento de La Guajira”, señaló. Añadió que eso se debe a que “se tenía una gran expectativa de desarrollo económico y social en la región con la puesta en marcha o la operación de estos proyectos”.
El pueblo Wayuu, un grupo indígena seminómada en la árida región de La Guajira en el norte de Colombia y Venezuela, sigue dividido sobre el desarrollo de la energía eólica. Mientras que algunos han acogido el apoyo económico ofrecido por las empresas que construyen turbinas en sus tierras ancestrales, muchos otros han expresado preocupaciones sobre los impactos ambientales y culturales, y la falta de una consulta previa significativa, en lo que es una de las regiones más pobres de Colombia.
Diego Patrón, gerente del proyecto eólico Jemeiwaa Ka’I, un conjunto de parques eólicos a gran escala en La Guajira, reconoció la naturaleza pionera de los primeros esfuerzos eólicos de Colombia, que comenzaron en un vacío regulatorio sin marcos institucionales claros.
“Estos proyectos pioneros iniciaron sus trámites en un contexto carente de regulación específica… fueron, en muchos sentidos, experiencias fundacionales que se enfrentaron a una curva de aprendizaje institucional y territorial muy empinada”, explicó Patrón. “No obstante, los legados de estos proyectos hoy constituyen la piedra angular sobre la cual se construyen nuevas iniciativas”.
Patrón cree que las barreras en torno a la representación legítima de la comunidad Wayuu, los permisos ambientales y las resoluciones contractuales han sido superadas, creando condiciones más estables.
Patrón dijo que la desinformación profundizó las tensiones y dañó injustamente a empresas como EDP que, según él, tenían la intención de apoyar a las comunidades.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.