Por THE ASSOCIATED PRESS
WASHINGTON (AP) — Una jueza federal dictaminó el miércoles que el gobierno del presidente Donald Trump canceló indebidamente los permisos humanitarios para cientos de miles de personas a las que se les permitió vivir temporalmente en Estados Unidos.
La decisión representa un nuevo revés jurídico a los planes de Trump de llevar a cabo deportaciones a gran escala, pero la medida podría resultar temporal y de momento se desconoce su impacto inmediato.
La jueza Indira Talwani, en Boston, falló a favor de las personas que ya habían sido admitidas en Estados Unidos pero que no pudieron renovar sus permisos a corto plazo. Estos cubren políticas de permisos que beneficiaron a afganos, ucranianos, cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos y niños originarios de países centroamericanos que intentan reunirse con sus padres en Estados Unidos, entre otros.
Talwani, quien fue nombrada al cargo por el presidente Barack Obama, dijo que dos de las órdenes de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional para suspender las renovaciones a la espera de una revisión adicional probablemente no sobrevivirían a una impugnación. Una de las órdenes “no brinda una explicación razonada” para justificar las acciones, escribió.
“La ‘pausa’ ha estado en vigor durante tres meses; la pausa es, para fines prácticos, una suspensión indefinida”, escribió.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Un grupo de ciudadanos estadounidenses e inmigrantes presentó su demanda contra el gobierno federal a principios de este año por poner fin a la herramienta legal que ha sido utilizada por presidentes desde hace muchos años para permitir que las personas originarias de países en guerra o con inestabilidad política puedan ingresar y vivir temporalmente en Estados Unidos. Los programas de permisos humanitarios permitieron la entrada de 875.000 migrantes que cuentan con el patrocinio de residentes legales.
Trump ha estado poniendo fin a las vías legales para que los inmigrantes lleguen al país e implementando sus promesas de campaña para deportar a millones de personas que están ilegalmente en Estados Unidos.
Entre los demandantes se incluye a ocho inmigrantes que ingresaron legalmente a Estados Unidos antes de que el gobierno de Trump pusiera fin a lo que calificó como el “abuso generalizado” de los permisos humanitarios. Pueden permanecer legalmente en Estados Unidos hasta que expire su permiso, pero el gobierno federal dejó de procesar sus solicitudes de asilo, visas y otras peticiones que podrían permitirles quedarse más tiempo.
Ninguno está identificado por su verdadero nombre por temor a ser deportados. Entre ellos se encuentran Maksym y Maria N., una pareja ucraniana; Alejandro N., quien huyó de Nicaragua tras el secuestro y tortura de su padre; y Omar N., quien colaboró durante más de 18 años con el ejército estadounidense en su país natal, Afganistán.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.