Por JANIE HAR
SAN FRANCISCO (AP) — Las clínicas de asistencia legal que interpusieron una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump después de que se cancelaron los servicios legales para niños migrantes que se encuentran en el país sin un padre o tutor continúan en el limbo un día después de que una jueza federal en California ordenó que se restablecieran los servicios de asistencia jurídica directa.
La jueza federal Araceli Martínez-Olguín, de San Francisco, emitió un fallo la noche del martes en una demanda interpuesta por grupos de asistencia legal después de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos y su Oficina de Reasentamiento de Refugiados pusieron fin a un contrato con Acacia Center for Justice el pasado 21 de marzo.
La jueza señaló en su decisión que los grupos activistas plantearon preguntas legítimas sobre si Estados Unidos violó una ley establecida en 2008 para combatir la trata de personas, después de que canceló el financiamiento de representación legal directa sin garantizar que se pongan abogados a disposición antes de la cancelación del contrato, lo que justifica un retorno al statu quo mientras el caso continúa. La orden entró en vigor el miércoles y se extiende hasta el 16 de abril.
“El tribunal también considera que la financiación continua de la representación legal para niños no acompañados promueve la eficiencia y la equidad dentro del sistema de inmigración”, escribió.
Sin embargo, los proveedores de asistencia indicaron el miércoles que no están seguros de si pueden esperar que los fondos federales comiencen a fluir nuevamente.
El centro Acacia proporciona servicios legales para migrantes no acompañados menores de 18 años a través de una red de grupos de asistencia jurídica. Once de estos grupos interpusieron la demanda, asegurando que había 26.000 menores en riesgo de perder a sus abogados y que el gobierno tiene la obligación de elaborar un plan para transferir los casos pendientes.
Acacia no es parte de la demanda, pero Bilal Askaryar, un portavoz de la organización, comentó el miércoles que no ha recibido notificación alguna del gobierno sobre los pasos a seguir.
“Seguimos atrapados en esta situación imposible en la que los abogados que trabajan con estos niños vulnerables no tienen claridad”, declaró.
Álvaro M. Huerta, abogado del Immigrant Defenders Law Center, dijo que siguen a la espera de recibir noticias del gobierno sobre como tiene previsto cumplir con la orden de la jueza. En tanto, los proveedores de asistencia legal no saben si pueden volver a contratar personal o aceptar a nuevos clientes, dijo.
“Muchas organizaciones siguen representando a niños en la corte por obligaciones éticas y profesionales, incluso sin recibir fondos del gobierno para hacerlo”, dijo.
La Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata se creó en 2008 y establece protecciones especiales para los niños migrantes que necesitan ayuda para abrirse paso en el complejo sistema de inmigración. Los demandantes dijeron que algunos de sus clientes son demasiado jóvenes para hablar y otros están demasiado traumatizados y no saben inglés.
La ley requiere que el gobierno asegure “en la mayor medida posible” que todos los niños que ingresan al país sin compañía de un adulto cuenten con asesoría legal para representarlos en los procedimientos y para “protegerlos del maltrato, la explotación y la trata”.
Los abogados del gobierno aseguran que los contribuyentes no tienen la obligación de cubrir el costo de la asistencia legal directa a los niños migrantes en un momento en que el gobierno intenta ahorrar dinero. También afirmaron que los tribunales de distrito no tienen jurisdicción sobre la cancelación de un contrato que de igual forma habría expirado a finales de marzo.
Acacia sigue bajo contrato con el gobierno para proporcionar orientación legal, incluidas clínicas de “conozca sus derechos”, lo cual es requerido por la ley, señaló Jonathan Ross, del Departamento de Justicia, durante una audiencia judicial el martes.
“Todavía son libres de proporcionar esos servicios pro bono”, dijo sobre las clínicas de asistencia legal.
Pero Karen Tumlin del Justice Action Center indicó en la misma audiencia que el gobierno no puede simplemente eliminar los fondos sin elaborar directrices sobre quién ayudará a estos niños cuando el Congreso ya asignó un monto para el cuidado de menores no acompañados.
“Necesitan asegurarse en la mayor medida posible de que haya un plan”, explicó.
La orden temporal de Martínez-Olguín, quien fue nombrada al cargo por el presidente Joe Biden, prohíbe al gobierno retirar servicios o fondos que han sido asignados por el Congreso para el cuidado de estos menores.
El contrato de servicios legales, que estaba programado a expirar en caso de que no hubiera sido renovado en marzo, tenía un valor de 200 millones de dólares, monto que representa apenas una fracción de los 5.000 millones de dólares que asignó el Congreso para los servicios generales de niños migrantes no acompañados, incluidos alojamiento o refugio.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo en un correo electrónico que no comenta sobre litigios en curso.
Este es el tercer revés legal en menos de una semana que sufren las medidas migratorias del gobierno federal, aunque todos podrían ser temporales a medida que avanzan las demandas.
El viernes, un juez federal en Boston dijo que las personas con órdenes de deportación final deben tener una “oportunidad significativa” para presentar sus argumentos para evitar ser enviadas a un país que no sea el suyo. El lunes, otro juez federal en San Francisco suspendió los planes para poner fin a las protecciones para cientos de miles de venezolanos.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.