Por MARÍA VERZA
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México votó el domingo teóricamente para mejorar su justicia pero la escasa participación en estas primeras elecciones judiciales suponen el último cuestionamiento de un proceso de reforma del Poder Judicial que tenía en la votación de jueces su punto básico pero que ha estado desde el principio lleno de críticas, denuncias e irregularidades. El resultado: mucha incertidumbre dentro y fuera del país.
El Instituto Nacional Electoral anunció cerca de la medianoche que la estimación de participación estaba en torno al 13 % de los 100 millones de mexicanos llamados a las urnas. Pero todavía habrá que esperar días hasta saber cuántos votos nulos hubo, si los principales tribunales —la Suprema Corte o el nuevo Tribunal Disciplinario— quedan en manos del afines al oficialismo de Morena, o si se hicieron con un puesto algunos polémicos candidatos que iban desde abogados de narcotraficantes a personas con antecedentes penales.
Una buena parte de mexicanos abandonó el intento de elegir 2.600 cargos entre más de 7.000 candidatos. Algunos votantes hicieron su mejor esfuerzo para informarse; otros participaron en protestas denunciando que todo este proceso era una farsa y los menos optaron por el mal menor: ir a las urnas.
“Esto es una burla”, dijo Octavio Arellano, un consultor de 67 años que sí voto pero sólo por los tribunales más importantes e invalidó las boletas del resto como una “manera de protestar”.
“Hay cosas perfectibles pero es un ejercicio digno”, indicó la psicóloga Ariadna Martínez antes de votar.
En cualquiera de los casos la perspectiva no es esperanzadora. Hay académicos que coinciden en que estas elecciones son “un intento por controlar el Poder Judicial”, siendo éste “un contrapeso que existe en cualquier democracia”, resumió Laurence Patín, del Observatorio de la Justicia de la universidad mexicana Tecnológico de Monterrey.
Los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) tienen previsto dar un informe preliminar el martes sobre las votaciones y, según dijo Heraldo Muñoz, jefe del equipo, tendrán muy presente principios como “la independencia del poder judicial, la separación entre los distintos poderes, el acceso a la justicia y la democracia constitucional” que son los que podrían verse afectados.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, arremetió el mismo domingo contra este tipo de críticas. “Cualquiera que diga que hay autoritarismo en México está mintiendo”, señaló. “Se hará realidad el verdadero estado de Derecho”.
Quizás para intentar disuadir las dudas que planteaba el complicado conteo de boletas, que durará más de una semana, el INE optó divulgar en tiempo real y a través de Youtube imágenes del desarrollo del mismo.
Después de difundirse las bajas cifras de participación, la mandataria calificó la elección de ”todo un éxito” y aseguró que se trató de un proceso “transparente”, con candidatos seleccionados por “comisiones profesionales”, con campañas “austeras” y un voto libre.
“México es el país más democrático del mundo”, sentenció.
Independencia judicial, un problema regional creciente
El chileno Jaime Arellano, académico y exdirector del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, un organismo de la OEA, se mostró preocupado por la escasa participación. A su juicio, plantea un problema de legitimidad política que va a debilitar el nuevo sistema incluso si los jueces que asuman sus nuevos cargos en septiembre optan por ser “ingratos” con quien los eligió pero leales con la Constitución.
Teme también que este ejercicio de votación, que no cree que sea la solución a los problemas de la justicia mexicana, pueda dar paso a la incursión de poderes fácticos en la justicia como, por ejemplo, el crimen organizado.
Aunque hay quien piensa que poco cambiará este último punto. “La influencia de los grupos criminales ya existe”, dijo Martha Tamayo, una abogada jubilada de Sinaloa y exdiputada federal. “Los cárteles van con los jueces, sean electos o no”, aseguró.
Para Arellano, el principal problema de estas elecciones es de fondo porque, por definición, los jueces son una “fuerza contramayoritaria” que, además de resolver los conflictos, tienen la función de control y contrapeso del poder político.
Y eso, explicó es lo que está peligrando en varios países de la región dentro de marcos democráticos que poco a poco empiezan a presentar distorsiones. “La independencia judicial en América Latina está bajo ataque”.
Úrsula Indacochea, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), una organización con sede en Washington que promueve el Estado de derecho en América Latina, indicó que hay dos señales claras de alerta temprana para detectar cuando la justicia podría verse en peligro.
La primera es cuando los políticos empiezan a atacar a las instituciones de justicia para alimentar un discurso público de que hay un problema y luego ellos mismos se presentan como la solución.
La segunda es cuando el gobierno empieza a desobedecer sentencias judiciales. Después, es cuando se empieza a “capturar” la justicia y entonces esos mismos políticos “sí son super respetuosos” de la norma, recalca.
Las críticas públicas a los jueces en México comenzaron con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que los acusó de corruptos y les cortó vías de financiamiento. Durante el trámite parlamentario de su reforma judicial, no se atendieron órdenes judiciales con el fin de aprobarla aceleradamente y con el argumento de que los magistrados no podían ser juez y parte en este caso.
Pese a tener contextos completamente diferentes, también se han visto arremetidas contra los jueces en Ecuador, El Salvador, Costa Rica e incluso por parte del actual presidente de Estados Unidos.
Focos rojos latinoamericanos
Según Indacochea, los dos países de mayor foco rojo para la justicia en la región en estos momentos son Guatemala, donde la ONU acaba de denunciar una política de criminalización a determinados grupos por parte de la fiscalía; y Perú, que está en una fase menos avanzada que ésa pero, de acuerdo a la investigadora, el miedo es que siga el mismo camino.
Y tanto ahí como en México, pese a las diferencias entre la situación de los tres países, puede haber “desenlaces desafortunados en el corto y mediano plazo”.
“El caso de Guatemala y Perú es el peligro que podría tener un francotirador versus, en el caso mexicano, tiros al aire con una ametralladora: no sabes dónde van a caer esas balas, a quiénes le van a caer, pero sabes que muchas personas van a ser lastimadas”, comparó Indacochea.
Los precedentes de otros países de las Américas donde se eligen parte de los jueces tampoco invitan al optimismo.
El caso de Bolivia fue “desastroso”, explicó Jaime Arellano, y una muestra es que el propio expresidente Evo Morales, que lo impulsó, intentó dar marcha atrás a este proceso.
En Estados Unidos, aunque la justicia sigue fuerte, estudios realizados en aquellos estados donde eligen a los jueces apuntan a una “tendencia al endurecimiento en el trato de minorías”, lo que puede ser muy problemático, agregó el académico.
El gobierno mexicano ha asegurado que esta reforma llegó para quedarse, pero no todos coinciden. Será “una locura breve y en siete, diez años, tendremos que estarnos replanteando nuestro modelo de justicia”.
Hasta entonces, Indacochea advierte de dos grandes prioridades en la región. Una es evitar que se exporte el modelo de seguridad del salvadoreño Nayib Bukele. “La otra es evitar que se exporte la elección por voto popular” de México.
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La periodista de The Associated Press Megan Janetsky contribuyó a este reporte desde Ciudad de México.