Cuando durante el fin de semana surgieron informes de que las deportaciones masivas podrían comenzar el martes en el área de Chicago, Martin Ramos informó a su patrón que tomaría tiempo libre del trabajo, juntó alimentos y decidió que sus hijos no irían a la práctica de fútbol esta semana.
Ramos, que emigró de Guadalajara, México, sin los permisos de trabajo necesarios, pasó el primer día completo de la segunda presidencia de Donald Trump encerrado con su familia y tratando de evitar que lo detuvieran los agentes de ICE. Sabe que un arresto destruiría todo por lo que él y su esposa han trabajado y obligaría a sus dos hijos a un futuro incierto.
“Tenemos que hacer todo lo posible para mantener a nuestros hijos a salvo”, dijo Ramos al Tribune. “¿Qué harán si nos deportan?”.
Los agentes de ICE no se presentaron el martes en la fábrica de Joliet donde Ramos y su esposa trabajan, pero el miedo que infligían a los empleados era evidente. Un compañero de trabajo le dijo a Ramos que solo se presentaron 10 de los 40 a 50 trabajadores típicos.
En el vecindario de La Villita, una de las comunidades de inmigrantes mexicanos más grandes de Chicago, las calles estaban casi desiertas y tranquilas. Los tamaleros, acostumbrado a desafiar todo tipo de clima, no estaban en las banquetas. Los estacionamientos de las ferreterías, donde los jornaleros buscan trabajo, también estaban prácticamente vacíos.
La posibilidad de deportaciones masivas ha aterrorizado a algunos de los aproximadamente 400,000 inmigrantes indocumentados de la zona, lo que ha llevado a muchos a faltar al trabajo, a no llevar a sus hijos a la escuela y permanecer ocultos hasta que terminen las anunciadas redadas. Esa inquietud se profundizó el martes, cuando la administración Trump anunció que permitiría a los agentes realizar arrestos en escuelas e iglesias.
“Todo lo que podemos hacer es tomar todas las precauciones posibles y quedarnos en casa tanto tiempo como podamos”, comentó Ramos.
El discurso inaugural de Trump y las amplias órdenes ejecutivas que firmó después cumplen su promesa de campaña de ser duro con la inmigración, incluso a expensas de principios de largo tiempo.
Las órdenes ejecutivas incluyen planes para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento y desplegar tropas para mejorar la seguridad fronteriza. El presidente también suspendió la aplicación U.S. Customs and Border Protection One, que los migrantes habían estado usando para programar citas con las autoridades estadounidenses y solicitar asilo, frustrando las esperanzas de muchos posibles migrantes en México.
El martes por la tarde, la nueva administración rescindió oficialmente las pautas de la administración Biden que impedían a las autoridades de inmigración realizar arrestos y redadas en áreas “sensibles”.
Eso significa que los agentes de ICE ahora pueden ingresar a iglesias y escuelas para detener a personas.
“Los delincuentes ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados”, dijo un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. “La administración Trump no les atará las manos a nuestras valientes fuerzas del orden, sino que confía en que usen el sentido común”.
‘La gente se esconde’
Al principio, la comunidad inmigrante se mostró escéptica ante las amenazas de deportación de Trump, tras haber enfrentado duras palabras similares de otras administraciones. Pero el sentimiento ha cambiado durante la última semana, dijo Dolores Castañeda, líder comunitaria y residente de La Villita.
La misa del domingo en la iglesia católica St. Agnes of Bohemia estuvo inusualmente vacía, dijo. Y ella personalmente aconsejó a un grupo de vendedores ambulantes con base en el suroeste de la ciudad, que se quedaran en casa durante la semana hasta que sepan cómo operará ICE. De 13 vendedores ambulantes, solo uno le dijo que no podía quedarse en casa porque depende del dinero que gana cada día para alimentar a su familia y pagar el alquiler.
La mayoría de los vendedores se negaron a hablar con el Tribune por temor a que pudieran ser identificados y atacados por funcionarios federales de inmigración.
“La gente se esconde”, dijo. “Me llaman y me preguntan qué hacer, pero tengo las manos atadas, no creo que nadie sepa qué hacer”.
Aunque las redadas no se han materializado, el gobernador JB Pritzker dijo el martes que su oficina escuchó que ICE tendrá en la mira a unos 2,000 inmigrantes sólo en la ciudad de Chicago. Trump ha dicho que los agentes solo perseguirán a inmigrantes acusados de delitos, pero no ha definido qué delitos estarían sujetos a deportación.
“No sé si lo harán ni cómo”, dijo Pritzker, añadiendo que las autoridades de inmigración no se han comunicado con su oficina.
Durante el último mes, líderes comunitarios y funcionarios locales han estado organizando talleres de “Conozca sus derechos” en varios idiomas, dando presentaciones y repartiendo folletos sobre qué hacer si se enfrenta a un oficial de policía o un agente de inmigración. Los miembros de la comunidad se han reunido en bibliotecas públicas, en plazas y en las esquinas de las calles para prepararse.
Jennifer Aguilar, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de La Villita, dijo que el grupo empresarial cree que el miedo a las redadas de inmigración afectará a los negocios de todo el vecindario.
Algunas pequeñas empresas de La Villita mantendrán sus puertas cerradas esta semana, dijo, aunque la mayoría han permanecido abiertas. Sin embargo, algunas personas están yendo a trabajar a pesar de su miedo porque simplemente no pueden darse el lujo de no hacerlo.
“Va a ser un efecto similar a la pandemia”, dijo Aguilar. “Eso es lo que estamos prediciendo”.
Un gerente de un popular bar en el lado norte de la ciudad, que pidió que se omitiera su nombre por su seguridad y la de sus trabajadores, dijo que muchos de sus empleados habían expresado su preocupación por las posibles redadas y al menos uno pidió la semana libre.
“No podremos operar sin ellos”, dijo el dueño del bar. “Son una parte esencial de nuestro negocio, pero entendemos su miedo”.
Otros en la industria restaurantera en Chicago están experimentando un impacto mayor, dijo, porque la mayoría de sus empleados son indocumentados.
Impactos económicos
En 2022, había 300,000 trabajadores indocumentados en Illinois, según el Pew Research Center. En ese momento -el año más reciente para el que hay datos disponibles- esos trabajadores representaban el 5% de la fuerza laboral del estado, apenas por encima del promedio nacional del 4,8%.
La industria con más trabajadores indocumentados en Illinois era la manufacturera, según Pew. La industria de la construcción tenía el mayor porcentaje de trabajadores indocumentados.
Los líderes empresariales de Illinois y otros lugares han dado la voz de alarma sobre los posibles impactos de las deportaciones masivas en la economía.
Sam Toia, presidente de la Asociación de Restaurantes de Illinois, dijo el martes que los rumores sobre controles de inmigración en los restaurantes de Chicago no tenían fundamento. Aun así, los trabajadores estaban asustados y Toia había oído hablar de algunos empleados de restaurantes que habían llamado para no trabajar, aunque sugirió que algunos podrían haberlo hecho debido al frío extremo.
Toia hizo hincapié en la necesidad de ampliar las autorizaciones de trabajo a más inmigrantes. Dijo que apoya la deportación de criminales violentos, pero advirtió sobre los impactos que tendrían las deportaciones masivas en la economía.
“Trump hizo campaña con la idea de reducir la inflación”, dijo Toia. “Si vas a hacer deportaciones masivas, verás que la inflación se disparará”.
Las amenazas de arrestos podrían tener un impacto económico en muchas industrias, indicó Rebecca Shi, directora ejecutiva de la American Business Immigration Coalition. Según Shi, la vivienda, alimentación y atención médica han contribuido en gran medida a la inflación en los años recientes. Las deportaciones masivas, dijo, podrían causar un aumento de los precios.
“Si los trabajadores respetuosos de la ley son atrapados en las redadas, habrá efectos dominó en el mercado laboral que harán subir los precios para los estadounidenses comunes”, dijo Shi.
Un estudio publicado el año pasado por investigadores del Centro de Estudios Migratorios expuso las formas en que las deportaciones masivas podrían tener efectos de amplio alcance en la economía estadounidense. Los trabajadores en Estados Unidos sin permiso legal contribuyeron con 96,700 millones de dólares en impuestos en 2022, encontraron los investigadores.
Y debido a que alrededor de 1.5 millones de hogares con al menos una persona indocumentada tienen hipotecas, dijeron los investigadores, las deportaciones masivas podrían conducir a un número significativo de impagos y “(amenazar) al mercado inmobiliario estadounidense con la desestabilización”.
‘Bocas que alimentar’
Marcos Ceniceros, director ejecutivo de Warehouse Workers for Justice, dijo que la organización ha escuchado a trabajadores que planean faltar al trabajo en los próximos días.
Pero la decisión de renunciar a un día o más de salario tiene un costo, dijo.
“La gente necesita trabajar”, dijo Ceniceros. “Necesitan pagar sus cuentas y alimentar a sus familias”.
Un estacionamiento de Home Depot en North Lawndale que suele estar lleno de jornaleros que buscan trabajo estaba inquietantemente tranquilo el martes por la mañana. Solo unos pocos hombres estaban de pie en la acera, cubriéndose la cara con bufandas y saludando con los pulgares a los autos que pasaban.
“Normalmente hay tanta gente, pero nadie vino a buscar trabajo hoy. Todos tienen miedo… Pero para mí, nada de lo que diga Trump importa cuando tengo cuentas que pagar y bocas que alimentar”, dijo Pedro, un padre indocumentado de 38 años con tres hijos que llegó a Chicago desde Michoacán, México, hace tres años.
Su esposa trabaja en una fábrica en Pulaski Rd, dijo. Ella tampoco tuvo otra opción que trabajar.
Vanessa, una madre de 33 años de tres hijos que vive en La Villita, dijo que su esposo indocumentado es carpintero y la principal fuente de ingresos de su familia. No está trabajando esta semana.
Si ICE lo detuviera y lo deportara, destrozaría a su familia, dijo. El miedo es demasiado, pero el costo financiero de esconderse pronto puede ser aún mayor.
“Al final, tendrá que regresar”, dijo Vanessa, quien pidió que no se revelara su apellido.
Vanessa dijo que su esposo es activo en la iglesia y la comunidad. Sus hijos están felizmente inscritos en la escuela. Pero en la última semana, comenzaron a pensar en un plan de contingencia para regresar a México si es necesario.
“Siento que estamos de duelo por algo que ni siquiera ha sucedido”, dijo. “O como si estuviéramos esperando algo que va a suceder y sabemos que es algo que vamos a lamentar”.
La reportera del Tribune Olivia Olander contribuyó
