El Salvador se ha ofrecido a recibir personas deportadas de Estados Unidos por ingresar ilegalmente al país y albergar a algunos de los criminales violentos de la nación, incluso si son ciudadanos estadounidenses.
Después de reunirse el lunes con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, proclamó que era una oferta “sin precedentes” y “extraordinaria” que su país ha recibido durante la actual ola de migración a nivel global.
No hay muchos detalles del acuerdo, y expertos en inmigración y derecho constitucional cuestionan su legalidad.
A continuación, lo que necesita saber:
¿Qué ofrece El Salvador?
Bukele, quien asumió el cargo en 2019, dice que ha ofrecido una válvula de escape para el enorme sistema penitenciario de Estados Unidos.
A través de un mensaje en la red social X, declaró que la nación centroamericana permitirá que Estados Unidos “subcontrate” parte de su población carcelaria, pero únicamente aceptará a criminales convictos.
Estados Unidos tendría que pagarle a El Salvador para albergar a los prisioneros, aunque no se reveló un precio.
Bukele dijo que el costo sería “relativamente bajo” para Estados Unidos, pero significativo para su país: lo suficiente para que “todo su sistema penitenciario sea sostenible”.
¿Dónde quieren encarcelar a los criminales de Estados Unidos?
Bukele ha propuesto encerrar a los criminales estadounidenses en la megaprisión que su gobierno inauguró en 2023 para recibir a miembros de la pandilla MS-13 y otros grupos delictivos.
La instalación de máxima seguridad se ubica a unos 72 kilómetros (45 millas) al sureste de la capital, San Salvador, y se le conoce como CECOT o Centro de Confinamiento del Terrorismo.
El lugar puede recibir hasta 40.000 personas en ocho pabellones, y cada celda tiene una capacidad para hasta 70 reclusos.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que el entorno es excesivamente riguroso. A los reclusos no se les permite recibir visitas y tampoco tienen tiempo al aire libre.
Se les sirve sólo una comida al día y no se les ofrecen los programas educativos ni de reintegración que a menudo se encuentran en otras prisiones, salvo por la ocasional charla motivacional o un régimen de ejercicio bajo supervisión estricta.
Los comedores , salas de descanso, gimnasio y juegos de mesa de la prisión son sólo para los guardias, y algunos funcionarios del gobierno han dicho que los reclusos nunca regresarán a sus comunidades.
¿Esto es legal?
Deportar a extranjeros a otros países que no sean su nación de origen es legal, pero es casi seguro que deportar a ciudadanos estadounidenses es ilegal.
Según las leyes federales de inmigración de Estados Unidos, un país como El Salvador puede recibir a una persona deportada desde Estados Unidos que no sea de nacionalidad salvadoreña si el país de origen de la persona se niega a aceptarlos, dice Theresa Cardinal Brown, exfuncionaria de seguridad nacional durante los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama.
Además, destacó, la deportación es un término legal que aplica únicamente a una persona removida físicamente del país por violaciones a alguna disposición de la ley de inmigración, lo que sólo se aplica a “extranjeros”.
¿Entonces qué pasa con los ciudadanos estadounidenses?
En raras ocasiones, un ciudadano estadounidense naturalizado puede ser desnacionalizado y anular su permiso de residencia permanente, por ejemplo si mintió en su formulario inicial de inmigración o cometió un delito grave, como financiar un grupo terrorista, según Stephen Yale-Loehr, experto en derecho migratorio y profesor retirado de la Facultad de derecho de Cornell.
Los titulares de permisos de residencia permanente pueden ser deportados en caso de ser declarados culpables de distintos delitos, como asesinato, agresión, robo a casa habitación, evasión fiscal, violencia doméstica y posesión ilegal de armas de fuego, dijo.
Sin embargo, los estadounidenses por nacimiento mantienen su ciudadanía a través de la 14ta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual establece los derechos garantizados a todos los ciudadanos, como el debido proceso y la protección igualitaria bajo la ley.
“Entonces, así como el presidente Trump no puede eliminar la ciudadanía por nacimiento por sí mismo, tampoco el gobierno de Estados Unidos puede deportar a ciudadanos estadounidenses, incluso si han cometido delitos”, dijo Yale-Loehr.
¿Por qué El Salvador hace esto?
El Salvador intenta dejar en el pasado décadas de guerra civil y violencia de la MS-13 y otras pandillas callejeras que durante mucho tiempo han convertido al país en uno de los más peligrosos del mundo.
Durante el gobierno de Bukele, el país de 6 millones de residentes declaró en 2022 un estado de emergencia que suspende derechos constitucionales y ha lanzado una intensa ofensiva contra las pandillas, lo que ha llevado al arresto de más de 80.000 personas.
La popularidad de Bukele ha aumentado a medida que el crimen se ha desplomado a un mínimo histórico de 114 homicidios el año pasado, pero los grupos defensores de los derechos humanos han denunciado que hay muchas personas que se encuentran detenidas injustamente y sin un derecho al debido proceso.
¿Se ha hecho esto antes en otros lugares?
Estados Unidos y otras naciones han alcanzado acuerdos para recibir migrantes, pero nada parecido a lo que propone Bukele.
Reino Unido tiene un acuerdo con Ruanda para enviar solicitantes de asilo al país africano, aunque el tratado ha encontrado obstáculos en los tribunales del Reino Unido.
Durante su primer mandato, Trump también firmó acuerdos con El Salvador, Guatemala y Honduras para acoger a solicitantes de asilo de Estados Unidos en 2019.
El de Guatemala fue el único de los tres acuerdos que entró en vigor. Más de 900 personas de El Salvador y Honduras fueron enviadas a ese país, pero pocas solicitaron asilo y en su lugar continuaron su camino hacia sus países de origen, en lo que llegó a conocerse como una “deportación con escalas”.
El presidente Joe Biden canceló los tres acuerdos en 2021.
¿Cuáles son los próximos pasos?
Trump elogió la oferta el martes, asegurando que serviría como un “enorme disuasivo”, pero reconoció que podría no pasar la prueba legal.
“Sólo digo que si tuviéramos el derecho legal para hacerlo, lo haría en un abrir y cerrar de ojos”, declaró. “No sé si podemos o no. Estamos analizando eso”.
Rubio también calificó la oferta de El Salvador como “generosa”, pero enfatizó que Washington necesitará estudiar la propuesta antes de hacer cualquier compromiso.
“Obviamente hay cuestiones legales involucradas”, dijo Rubio el martes en una conferencia de prensa con el presidente costarricense Rodrigo Chaves en San José. “Tenemos una Constitución. Tenemos todo tipo de cosas”.
Eso no ha impedido que Bukele aproveche al máximo la atención.
Ha bromeado diciendo que El Salvador incluso acogería al exsenador federal estadounidense Bob Menendez, quien fue condenado la semana pasada a 11 años en una prisión federal por aceptar sobornos en oro y efectivo y actuar como agente de Egipto.
“Sí”, escribió Bukele en X, “con gusto lo recibimos”.