Associated Press
BUENOS AIRES (AP) — El ultraderechista presidente argentino Javier Milei celebró el jueves la ratificación de la condena de seis años de prisión para la exmandataria y líder del peronismo opositor Cristina Fernández en un caso por corrupción y señaló que es una muestra de la independencia de la justicia.
Mientras Milei se refería, en una visita oficial a Israel, a la decisión que tomó el martes la Corte Suprema dejando en pie la condena que recibió Fernández en 2022 por administración fraudulenta, el órgano de dirección del peronismo —la principal fuerza opositora— preparaba un encuentro para las próximas horas con el propósito de definir acciones de protesta en solidaridad con su líder.
Fernández, a su vez, aguardaba que la justicia decida sobre su pedido de cumplir la reclusión en su domicilio en Buenos Aires.
“No tengo ningún mérito en que la justicia definitivamente haya obrado acorde a la república, todo es mérito del Poder Judicial, de la Corte Suprema”, dijo Milei durante una disertación en la Universidad Hebrea de Jerusalén.
El mandatario se jactó de ser “consistente” con su “visión republicana y dejar que los jueces actuaran libremente”. “Al ser el primer presidente que no interfiere en la justicia los resultados están a la vista, la justicia hizo lo que tenía que hacer”, recalcó el dirigente de La Libertad Avanza entre los aplausos de los asistentes.
Una de las consecuencias de la decisión del más alto tribunal es que la dirigente peronista no podrá competir como candidata a diputada provincial en las elecciones de septiembre en Buenos Aires, tal como había anticipado, por que la condena incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El Consejo Nacional del Partido Justicialista (PJ, peronista) considera que, con su fallo, la Corte está proscribiendo políticamente a Fernández e intentará sostener el liderazgo de la exmandataria como jefa del peronismo a nivel nacional y organizar una serie de actividades de apoyo a su figura en las principales ciudades del país.
La exmandataria ha reiterado en distintas ocasiones ser víctima de una persecución judicial orquestada por sectores conservadores para sacarla del escenario político.
Fernández, referente del kirchnerismo —el ala centroizquierdista en el seno del peronismo— y también vicepresidenta de Argentina entre 2019 y 2023, cuenta con un plazo de cinco días hábiles para presentarse ante el tribunal federal que hace tres años dictó la sentencia en su contra para ser notificada de dónde deberá cumplirla.
Mientras corre el plazo, la exmandataria espera lograr el aval para llevar a cabo la reclusión en el apartamento donde vive con su hija y su nieta menor de edad en un antiguo edificio situado al sur de la capital, en cuyas inmediaciones se han apostado sus simpatizantes para darle su apoyo.
Los argumentos que Fernández ha esgrimido para gozar de prisión domiciliaria son ser mayor de 70 años —uno de los atenuantes que contempla la ley para otorgar ese beneficio—, haber ejercido la presidencia y haber sido víctima de un intento de atentado en 2022, un antecedente que a su entender requiere que cuente con medidas de mayor resguardo que las que tendría en una prisión común.