LA HABANA (AP) — Una organización no oficial que monitorea la situación de derechos humanos en Cuba reportó el martes que el día anterior fueron excarceladas dos personas, presumiblemente como parte del acuerdo con el Papa Francisco dado a conocer en enero que luego se habría detenido.
La agrupación Justicia 11J indicó su página de X, antes Twitter, que Luis Frómeta Compte e Iván Arocha Quiala fueron excarcelados “presumiblemente” como parte del anuncio sobre el otorgamiento de libertad a 553 personas.
Las autoridades cubanas informaron a mediados de enero que 553 personas recibirían beneficios judiciales para salir de prisión como un gesto de buena voluntad al año jubilar, un tiempo de reconciliación para los católicos, decretado por el papa Francisco antes de enfermarse.
En ese momento, el entonces gobierno estadounidense del presidente Joe Biden también dijo al Congreso de su país que tenía intención –se concretó a última hora– de excluir a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y entre sus argumentos mencionaron las liberaciones anunciadas por la isla.
Los primeros presos salieron al día siguiente, el miércoles 15 de enero y, desde entonces, hubo excarcelaciones todas las jornadas incluido el día en que Trump asumió como presidente, el 20 de enero. El nuevo mandatario volvió a incluir a Cuba en la lista y las excarcelaciones se pararon.
La liberación de Frómeta y Arocha del lunes se produjo “luego de más de un mes de pausa en el proceso de otorgamiento de beneficios penitenciarios a personas privadas de libertad por razones políticas, y de múltiples llamados a la acción a la comunidad internacional”, según el mensaje en X de Justicia 11J.
En una actualización de las bases de datos de la organización, el martes en su página de internet figuraba que desde enero unas 200 personas salieron en libertad condicional, con una pausa entre 20 de enero y el 27 de febrero. La mayoría estaban vinculadas a las protestas de julio de 2021, las mayores contra las autoridades en la isla en décadas que dejaron cientos de presos. Algunas convocatorias terminaron en actos vandálicos y una persona murió.
Los manifestantes reclamaban entonces por los largos apagones y el desabastecimiento, algunos también pedían cambios de gobierno. Protestas más pequeñas se sucedieron en 2022 y 2024 al tiempo que la crisis económica disparó un auge migratorio.
Aunque nunca hubo información oficial sobre las detenciones, organizaciones especializadas estimaron que se contabilizaron más de 1.000 capturados y, según Justicia 11J —cuyo nombre hace alusión al primer día de protestas en julio de 2021—, aún estaban en prisión 549 personas al inicio del proceso de enero.
En total, el grupo estima en unos 880 los presos considerados como “políticos”, incluyendo a los detenidos en las posteriores protestas de 2022 y 2024.
El gobierno cubano no informó sobre la marcha del proceso en estas últimas semanas, pero inicialmente el Tribunal Supremo Popular indicó en medios de prensa oficiales que el beneficio no era una amnistía, por lo que malos comportamientos podían devolver a las personas a la cárcel. Las autoridades no reconocen a los encarcelados como políticos.
El Tribunal Supremo Popular mencionó incluso que se trataba de beneficios humanitarios para todo tipo de delitos, tan diversos como robo con fuerza, hasta amenazas y actos de desobediencias dejando entrever que no todos los excarcelados tienen necesariamente vinculación con las protestas.