Por ALMA SOLÍS
CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — Decenas de botes con alrededor de 200 personas, en su mayoría campesinos portando banderas panameñas, recorrieron el viernes el cauce de río Indio para protestar en contra del embalse que planea construir el Canal de Panamá para resolver el problema de falta de agua que enfrenta la vía marítima y la población.
Esta marcha acuática, que cumplió un recorrido de unas dos horas, salió a las 10:30 de la mañana hasta llegar a la desembocadura del río al mar Caribe, en el Atlántico, pasando la mayor parte de las comunidades mientras en algunas de ellas sus habitantes apoyaban desde las orillas.
El Canal de Panamá anunció que la solución más viable para asegurar una fuente adicional de agua para más de dos millones de panameños en la ciudad capital y el funcionamiento eficiente de la vía en las próximas décadas es construir el embalse.
La iniciativa responde a la creciente escasez de agua que afecta la operación del canal, que requiere unos 189 millones de litros de agua dulce por cada tránsito. En 2023, la falta de lluvias obligó a reducir en un 20% el número de cruces diarios, lo que generó demoras logísticas y una caída en la demanda.
Río Indio está dentro de la cuenca hidrográfica que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) administra para la conservación de la operación y este nuevo embalse estaría ubicado al suroeste del lago Gatún y complementaría el abastecimiento que actualmente proviene de ese lago y del más pequeño lago Alhajuela. Se estima que permitiría entre 12 y 13 cruces adicionales al día por la vía interoceánica y abastecer de agua a la población y la nueva demanda de potabilizadoras que se incorporarán al sistema en los próximos meses y años.
Sin embargo, el proyecto enfrenta oposición por su impacto social. Al menos 2.000 personas tendrían que ser reubicadas por la inundación de comunidades, y otras zonas río abajo podrían verse afectadas por una reducción del caudal.
Iris Gallardo, de la comunidad del Guasimo en río Indio, profesora y miembro de la lucha “No a los Embalses”, dijo a The Associated Press que realizaron el recorrido acuático porque ellos se oponen al proyecto y a que las personas sean reubicadas.
“Nosotros estamos proponiendo que no se realice el reservorio multipropósito que está promoviendo la ACP sin consulta y sin el permiso de las comunidades”, señaló Gallardo.
En su lugar plantean que la solución sea utilizar el lago Bayano, al este de la capital, un proyecto que la ACP descartó por los costos y la logística. Además, el lago está concesionado a una empresa privada.
En un comunicado emitido el viernes, Karina Vergara, gerente socioambiental del proyecto de río Indio, indicó que se está brindando información “clara y oportuna” a las comunidades de la cuenca.
“Si las personas no están informadas de cómo se va a realizar el proceso, no van a tener todos los elementos para emitir una opinión al respecto”, afirmó.
Actualmente se construye un plan de reasentamiento con participación comunitaria. Según la ACP, en el marco del Estudio de Impacto Ambiental se detallarán los beneficios del proyecto, las medidas de mitigación y la visión de desarrollo que lo acompaña.
“El lago de río Indio no solo busca mejorar la infraestructura hídrica, sino también promover oportunidades productivas como pesca, turismo y transporte”, agregó Vergara.
Por su parte, el ex administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, dijo que las personas que se oponen al proyecto no han comprendido la gravedad del problema del agua que tiene la población y que la única forma de tener agua es reteniéndola.
Quijano indicó que muchos de los que hablan de Bayano no tienen todos los detalles técnicos y que éste implicaría hacer 110 kilómetros de túnel versus 8,4 kilómetros de río Indio para llevar esa agua al canal. Agregó que la ruta de Bayano también involucraría desplazar a por lo menos 200 mil personas.
La construcción de la presa por río Indio tomaría aproximadamente cuatro años, seguida por un periodo de llenado estimado entre uno y dos años, según las autoridades del canal. Se estima que el costo es de unos 1.600 millones de dólares, incluyendo las compensaciones sociales.