Associated Press
SAN SALVADOR (AP) — Abogados defensores presentaron el viernes ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador un hábeas corpus en favor del abogado constitucionalista detenido la semana pasada Enrique Anaya, una de las voces críticas contra el presidente Nayib Bukele al que ha llamado reiteradamente “dictador”.
Anaya fue arrestado a petición del Ministerio Publico el pasado 7 de junio por el presunto delito de lavado de dinero y activos y guarda prisión en las bartolinas de la División de Tránsito de la policía. Sus abogados han denunciado que hasta ahora, una semana después de su detención, no ha sido presentado ante un juez y que ellos no han tenido exceso al expediente del caso.
“Lo que se busca (con el hábeas corpus) es el derecho a la libertad y, en el caso concreto de Enrique, es que cese la detención arbitraria y, lo otro, que se le permita el derecho a la defensa”, explicó a los periodistas el abogado defensor Jaime Quintanilla.
La petición de hábeas corpus tiene por objeto supervisar el derecho a la libertad y la integridad física, psíquica y moral de las personas detenidas. Es un recurso que busca verificar si la detención está justificada y es conforme al marco legal.
Quintanilla explicó que recurrieron a esta petición debido a que Anaya, a quien se le está acusando de un delito común, tuvo que haber sido puesto a disposición judicial después de la detención, es decir, a las 72 horas, que se cumplieron la mañana del martes 10 de junio.
“Presumimos se le está aplicando el régimen de excepción”, manifestó Quintanilla, que permite mantener detenida a una persona por hasta 15 días sin comparecer ante un juez.
Los abogados defensores alegan que a Anaya no debió aplicársele ese plazo máximo. No es el primer caso en que los actores del sistema de justicia aplican el régimen de excepción —impuesto en el país como parte de la política de mano dura para combatir a las pandillas— para casos de delitos comunes.
El estado de excepción, decretado por el Congreso el 22 de marzo de 2022, a petición del presidente Bukele, suprime garantías constitucionales como ser detenido sin conocer la razón y no tener acceso a un abogado.
Por su parte, Marcela Ramos, que forma parte del equipo de defensores de Anaya, denunció que éste fue víctima de “una desaparición de corto plazo” y que la noche del martes, unas horas después de visitarlo en el centro de detención y sin que avisaran a sus abogados, hombres vestidos de civil lo habían trasladado al Hospital Nacional Zacamil, en la periferia norte de la capital, para hacerle pruebas de sangre y de presión arterial.