Por TAMMY WEBBER
Tres senadores demócratas pidieron a la administración Trump que explique cómo analizó una propuesta para eliminar las protecciones de hábitat para especies en peligro de extinción y amenazadas, y si la industria tuvo alguna participación en su redacción.
Los senadores federales Adam Schiff, Sheldon Whitehouse y Cory Booker enviaron una carta el lunes a los departamentos del Interior y Comercio que también cuestiona cómo planea la administración proteger a las especies si se cambia la norma.
El tema en cuestión es una definición de larga data de “daño” en la Ley de Especies en Peligro de Extinción, que ha incluido alterar o destruir los lugares donde viven esas especies, la causa número uno de extinción.
El mes pasado, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos y el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas propusieron una norma que dice que la modificación del hábitat no debería considerarse daño porque no es lo mismo que apuntar intencionalmente a una especie, llamado “toma”. Los ambientalistas argumentan que la definición de “toma” siempre ha incluido acciones que dañan a las especies, y la definición de “daño” ha sido respaldada por la Corte Suprema.
Bajo la nueva interpretación, la industria, los desarrolladores y otros podrían simplemente decir que no tenían la intención de dañar una especie en peligro de extinción, dicen los ambientalistas, lo que podría llevar a la extinción de especies críticamente amenazadas como el puma de Florida y el búho moteado.
La propuesta podría amenazar el progreso logrado para salvar especies que alguna vez estuvieron en peligro, incluyendo águilas calvas, lobos grises, manatíes de Florida y ballenas jorobadas, dijeron.
Los senadores afirmaron que esto “representa una evasión de la Ley de Especies en Peligro de Extinción”.
“Es ampliamente entendido que una especie no puede vivir sin un lugar seguro al que llamar hogar”, se lee en la carta.
También pidieron a la administración que explique cómo podría hacer cumplir la ley en medio de los esfuerzos del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), de Elon Musk, para despedir personal federal y recortar el financiamiento de las agencias.
La propuesta está en el período de comentarios públicos de 30 días. Los ambientalistas han prometido apelar en los tribunales si se adopta.
Los departamentos de Comercio e Interior no respondieron a los correos electrónicos enviados el lunes en busca de comentarios.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.