Por SERGIO FARELLA
BUENOS AIRES (AP) — El tribunal a cargo del juicio por la muerte de Diego Maradona decidió el martes su suspensión hasta el 27 de mayo mientras se dilucida la supuesta imparcialidad de una jueza que lo integra y su presunta involucración en la realización no consentida de un documental sobre las audiencias judiciales públicas que tienen lugar desde marzo.
El Tribunal Oral y Criminal de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires, avaló así el pedido que hicieron previamente la fiscalía y los abogados de allegados a Maradona, que apuntaron contra la jueza Julieta Makintach, quien ha rechazado los señalamientos en su contra.
Makintach estuvo de acuerdo junto a los otros dos jueces que integran el tribunal en suspender el proceso hasta el próximo martes, cuando se reanudará, para que el tribunal y las partes tengan formalmente acceso al expediente penal que se ha abierto de forma paralela y en el que se busca determinar su proceder.
Luego de que se diera a conocer la decisión, la jueza defendió su imparcialidad y su “honor y prestigio”.
“Voy a dar las explicaciones del caso y espero que lleguen a manos de todos antes de que pueda contestar una nueva vista en la próxima audiencia”, dijo la magistrada.
Makintach señaló que, si “algo está en peligro”, estaría dispuesta a apartarse “para garantizar la independencia, pero necesitan las pruebas y las razones para fundar cualquier pretensión”.
Siete profesionales de la salud son juzgados por su presunta responsabilidad en la muerte del legendario futbolista argentino el 25 de noviembre de 2020 mientras se recuperaba durante una internación domiciliaria en una casa alquilada en las afueras de la capital de una cirugía para remover un hematoma subdural en su cabeza, a la que se había sometido dos semanas antes en una clínica privada.
La fiscalía considera que los imputados no cuidaron adecuadamente de la salud del capitán de la selección argentina que conquistó el Mundial de 1986 durante su internación.
Al argumentar el pedido de suspensión del proceso, el fiscal Patricio Ferrari había señalado que “la situación compromete el prestigio del poder judicial”.
“Nos parece aconsejable y de suma prudencia saber qué corresponde que suceda con el devenir del debate y con la actuación de la jueza denunciada y recusada”, dijo Ferrari.
Makintach quedó en la mira por presuntamente tener vínculos con una productora para hacer un documental del juicio sin el debido consentimiento, lo que habría conllevado la entrada a la sala donde se desarrollan las audiencias de dos camarógrafos que supuestamente habrían registrado escenas del proceso.
Las siete personas juzgadas están imputadas de homicidio simple por dolo eventual, que es cuando el victimario sabe que su conducta puede ocasionar un daño, pese a lo cual continúa con la acción. El ilícito se castiga con una pena máxima de 25 años de prisión.
———
En esta nota coaloboró la periodista de AP Almudena Calatrava