Por MARK SHERMAN
WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump renovó el lunes su solicitud para que la Corte Suprema despeje el camino para los planes de reducir el tamaño de la fuerza laboral federal, mientras avanza una demanda presentada por sindicatos y ciudades.
La solicitud ante el máximo tribunal estadounidense se produjo después de que un tribunal de apelaciones se negó a congelar la orden de un juez con sede en California que detiene los recortes, los cuales han estado encabezados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).
Con una votación de 2 a favor y 1 en contra, un panel del Tribunal Federal de Apelaciones del 9no Circuito determinó que la reducción de personal podría tener efectos más amplios, incluyendo el sistema de seguridad alimentaria del país y la atención médica para veteranos.
En su fallo del mes pasado, la jueza federal de distrito Susan Illston determinó que el gobierno federal necesitaba la aprobación del Congreso para realizar reducciones significativas en la fuerza laboral federal.
El gobierno inicialmente pidió a los jueces que intervinieran el mes pasado, pero retiró su apelación por razones técnicas y legales. La solicitud más reciente es una de una serie de apelaciones de emergencia que argumentan que los jueces federales habían excedido su autoridad.
El orden de Illston “se basa en la premisa indefendible de que el presidente necesita una autorización estatutaria explícita del Congreso para ejercer su autoridad central del Artículo II para supervisar las decisiones internas de personal de la rama ejecutiva”, escribió el procurador general D. John Sauer en la nueva apelación.
Trump ha dicho en varias ocasiones que los votantes le dieron un mandato para reformar el gobierno federal, y eligió a su aliado multimillonario Elon Musk para liderar la iniciativa a través del DOGE. Musk abandonó su cargo la semana pasada.
Decenas de miles de trabajadores federales han sido despedidos, han dejado sus empleos a través de programas de renuncia diferida, o han sido puestos en licencia. No hay una cifra oficial para los recortes de empleo, pero al menos 75.000 empleados federales tomaron la renuncia diferida, y miles de trabajadores en período de prueba ya han sido despedidos.
La orden de Illston instruye a numerosas agencias federales a detener la implementación de la orden ejecutiva del presidente sobre la fuerza laboral firmada en febrero y un memorando posterior emitido por DOGE y la Oficina de Gestión de Personal. Illston fue nominada por el ex presidente demócrata Bill Clinton.
Entre las agencias afectadas por la orden se encuentran los departamentos de Agricultura, Energía, Trabajo, Interior, Estado, Tesoro y Asuntos de Veteranos. También se aplica a la Fundación Nacional de Ciencias, la Asociación de Pequeñas Empresas, la Administración del Seguro Social y la Agencia de Protección Ambiental.
La Corte Suprema fijó un plazo hasta el próximo lunes para una respuesta de los sindicatos y ciudades, incluyendo Baltimore, Chicago y San Francisco.
Algunos de los sindicatos y grupos sin fines de lucro también son demandantes en otra demanda ante un juez de San Francisco que desafía los despidos masivos de trabajadores en período de prueba. En ese caso, el juez William Alsup ordenó al gobierno en marzo que reincorporara a esos trabajadores, pero la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó posteriormente su orden.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.