Por FRANKLIN BRICEÑO
LIMA (AP) — Víctimas del movimiento católico Sodalicio disuelto en Perú por el Vaticano pidieron el jueves al papa León XIV que los reciba, que publique los decretos que ordenan la liquidación del grupo y que se envíe a las autoridades judiciales de Estados Unidos un informe de la misión vaticana investigadora para sancionar a los responsables.
Exmiembros del grupo —quienes sufrieron abusos sexuales, físicos o psicológicos—, así como campesinos de una comunidad del norte de Perú despojados de parte de sus tierras por empresas ligadas al Sodalicio, se presentaron en conjunto en una conferencia de prensa en Lima.
“Quiero pedir en su integridad el decreto de supresión del Sodalicio, las razones que sirvieron para tomar esa decisión… y lo ocurrido con nuestras tierras despojadas”, dijo Fiorella Martínez, viuda de un campesino que fue asesinado en 2011 durante un desalojo de tierras de la comunidad de San Juan Bautista de Catacaos en disputa con empresas ligadas al Sodalicio.
José Escardó, el primer exintegrante del Sodalicio que expuso ante la prensa en el año 2000 los abusos del grupo, dijo que ha solicitado los decretos de disolución del movimiento, ejecutada a inicios de 2025, a diversas autoridades del Vaticano, incluido al secretario de Estado Pietro Parolin, pero que estos documentos aún no se han hecho públicos.
Es la primera vez que exmiembros del movimiento que se reconocen víctimas y los campesinos piden de manera unificada una cita con León XIV, quien siendo obispo en Perú encabezó una comisión creada para escuchar a las víctimas de abuso.
Los participantes de la rueda de prensa también solicitaron el jueves la intervención de la justicia estadounidense, una posición que sucede a una declaración de monseñor Jordi Bertomeu, miembro de una misión enviada por el papa Francisco para investigar al Sodalicio en 2023.
En abril de 2025, Bertomeu dijo a la radio española RAC1 que estaban trasladando la información relevante del caso, tras la disolución del grupo católico, a “la justicia norteamericana”.
Bertomeu describió Perú como un país con la mayor parte de su economía informal, con “mucho dinero negro… que se blanquea” y añadió que la “corrupción (es) imperante en el país”, en medio de una “debilidad institucional”.
El Sodalicio fue fundado en 1971, pero poco después del año 2000 también se extendió a Estados Unidos, con una base en Denver, Colorado.
Bertomeu relató que el Sodalicio ingresó al negocio de cementerios privados y, usando un acuerdo entre la Santa Sede y Perú, “no pagaban impuestos”.
El dinero del grupo pasaba por Panamá, por la ciudad estadounidense de Denver, y de retorno a Perú se invertía en “inmobiliarias, empresas agropecuarias, educativas, etc”, añadió el prelado.
La AP envió un correo electrónico al Sodalicio solicitando comentarios, pero no obtuvo respuesta al momento.
Si bien el Sodalicio es conocido por los abusos sexuales cometidos por su fundador Luis Fernando Figari, según un informe de 2017 ordenado por la misma organización, son menos difundidos los despojos de tierras de la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos cuyos dirigentes se reunieron en 2023 con los investigadores del Vaticano.
Incluso el fallecido papa Francisco alentó en abril pasado a los campesinos peruanos a defender sus tierras.
Unas 1.895 hectáreas de la comunidad San Juan Bautista de Catacaos, donde viven alrededor de 100 comuneros con sus familias, les fueron despojadas a manos de una empresa ligada al Sodalicio que ha pedido desalojarlos desde 2014.
Los campesinos desconocen las transferencias de propiedad y el caso del desalojo aún no ha sido resuelto por la justicia local.
La defensa de las tierras provocó que más de 30 pobladores fueran demandados desde 2011 hasta 2019 por diversos delitos, incluyendo la usurpación, el hurto agravado y el terrorismo.
Otro de los comuneros, Marcelino Ynga, de 67 años, le pidió al papa León XIV una oportunidad para tener una cita. Quiere, dijo el jueves, “contarle el dolor del campesino, de cómo ha sido atropellado por esta organización vinculada al Sodalicio que ha pretendido matarnos, criminalizarnos, meternos a la cárcel, únicamente por la tierra de la comunidad”.